El perdón se le debe pedir a las víctimas, no a los victimarios
Bogotá, D.C. - Lunes, 06 de febrero de 2012
Las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos del pasado 1° de febrero, en las que descalifica el fallo de segunda instancia por las desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia, configuran un claro desacato del presidente de la República, quien tiene la obligación de "prestar a los funcionarios judiciales (…) los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias", según la Constitución (art. 201.1). Lea el documento completo
Tribunales militares y graves violaciones de derechos humanos
Una de las prácticas que ha generado más preocupación y críticas ha sido la de someter al fuero militar a los miembros de las fuerzas militares y de policía por graves violaciones de derechos humanos, constitutivas de delitos. La experiencia ha demostrado que esta práctica constituye une de las más grandes fuentes de impunidad en el mundo.
En los casos de ejecución extrajudicial, tortura, desaparición forzada y violencia y abusos sexuales cometidos por militares o policías contra civiles, la práctica de someter a los autores de estos crímenes a los tribunales militares niega el derecho a un recurso efectivo y a la verdad de las víctimas y de sus familiares, y constituye por parte del Estado una transgresión a su obligación de investigar, castigar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos. Lea el libro completo
La desaparición forzada de 43 campesinos en Pueblo Bello
Descripción de los hechos ocurridos el 14 de enero de 1990
El 14 de enero de 1990 en horas de la noche, aproximadamente 60 paramilitares del grupo "Los Tangueros", al mando de Fidel Castaño, ingresaron al corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, y por la fuerza sacaron varios habitantes del pueblo de algunas viviendas y de la iglesia presbiteriana.
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso de la masacre de Pueblo Bello vs Colombia, 31 de enero de 2006
La búsqueda de los cuerpos de los 43 campesinos desaparecidos en 1990 ha sido la motivación principal de sus familiares para mantenerse unidos en un proceso que comenzó, ante las autoridades civiles y militares de la región, al día siguiente de la desaparición.
Debido a la impunidad y falta de justicia en Colombia, los familiares acudieron al Sistema Interamericano en busca de mecanismos efectivos que posibilitaran la verdad, la justicia y la reparación que no hallaban en el país. Lea el documento completo
Si un grupo guerrillero se tomara hoy el Palacio de Justicia ¿actuaría la fuerza pública de forma distinta a como lo hizo el 6 y 7 de noviembre de 1985? Esa es la pregunta esencial que debe plantearse la sociedad colombiana en torno a la polémica por el fallo que confirmó la condena al coronel Plazas. La responsabilidad individual de ese soldado debe dejarse a consideración de la Corte Suprema de Justicia, que estudiará el recurso de casación correspondiente. El verdadero debate que compete librar por fuera de los estrados judiciales es si existen garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho humanitario, como las cometidas en la batalla del Palacio de Justicia.
