El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, manifiesta su rechazo a todas las acciones violentas que han vulnerado los derechos humanos de los habitantes de la subregión del Catatumbo en Norte de Santander, en el marco de la disputa armada entre las estructuras del ELN y el Ejército Popular de Liberación -EPL.
La Entidad ha venido advirtiendo que desde finales de 2017 se presenta una disputa entre los miembros de las dos estructuras armadas que han copado los espacios dejados por las FARC en la zona. La reconfiguración de la dinámica armada en el territorio ha conllevado especialmente, desde enero de 2018, varios hechos de violencia con afectaciones directas sobre la población civil, generando desplazamientos forzados, amenazas, secuestros, confinamiento, restricciones a la movilidad, enfrentamientos con interposición de la población civil e impidiendo el acceso a bienes y servicios básicos como la salud y la educación.
Las autoridades del departamento han declarado la Urgencia Manifiesta en Norte de Santander, desde el pasado 12 de abril y adicionalmente han ordenado la suspensión de todas las actividades académicas durante la semana del 16 al 22 de abril en los establecimientos urbanos y rurales de los municipios de Tibú, Hacarí, Teorama, San Calixto, El Tarra, El Carmen, La Playa y Convención así como en los Centros educativos rurales-CER de Sardinata, Ábrego y Ocaña.
Para la Defensoría es especialmente preocupante la situación de los niños y niñas del Catatumbo que ven afectado su derecho a la educación mientras no haya garantías para transitar libremente por el territorio.
Las limitaciones impuestas para la prestación de los servicios hospitalarios, las amenazas contra la integridad del personal sanitario, la limitación para llevar a cabo el traslado en ambulancia de personas en estado grave en varios municipios, así como la amenaza de atentado contra la infraestructura hospitalaria, constituyen una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.
La declaratoria de un paro armado por parte del grupo EPL el pasado 15 de abril agravó la crisis humanitaria y evidencia los altos grados de vulnerabilidad que presentan las poblaciones indígenas y campesinas de la zona.
Igualmente los líderes sociales, comunales, de víctimas, así como todos los defensores y defensoras de derechos humanos -incluidos los funcionarios públicos que desarrollan labores en pro de la defensa de los derechos humanos desde el Ministerio Público- han sido expuestos a señalamientos y amenazas que socavan su labor de defensa de derechos humanos. Con esta situación se pretende desconocer los procesos sociales en los que se encuentran involucrados y que son la base fundamental para la construcción de una verdadera democracia.
La Entidad considera que ataques, intimidaciones y señalamientos a medios de comunicación regional, periodistas de emisoras comunitarias, comerciantes y miembros de agremiaciones entre ellos los transportadores, son inaceptables y terminan por evidenciar el desconocimiento flagrante del Derecho Internacional Humanitario – DIH, para aminorar los impactos que la acción violenta de los actores armados involucrados puedan traer sobre la vida, integridad y libertad de los habitantes de la región.
De acuerdo con lo anterior, desde la Defensoría del Pueblo se hace un llamado imperativo a que los grupos armados ELN y EPL, con sus frentes y comisiones, cesen la confrontación, atiendan los reiterados llamados que las organizaciones sociales de la región, el movimiento comunal y el pueblo indígena Barí han hecho de manera pública solicitando que esta escalada de violencia en la región del Catatumbo se detenga. Su voluntad de paz requiere de hechos concretos como manifestación del compromiso de los actores armados involucrados.
La Entidad también solicita que la población civil y los bienes protegidos por el DIH queden por fuera de la confrontación y que no se perpetre ningún tipo de acción que atente contra personas protegidas tal como el personal médico y sanitario, religioso, trabajadores humanitarios, así como a los periodistas. A todos ellos se les debe permitir realizar su labor de manera libre.
Igualmente se deben garantizar condiciones para que la población civil que ya ha sido afectada por el conflicto, pueda recibir la ayuda humanitaria requerida en los casos de desplazamiento forzado y confinamiento que se han presentado; las comisiones para la atención a la población víctima del conflicto no pueden restringirse ni limitarse pues quienes están involucradas en ellas, no participan de las hostilidades.
La Defensoría del Pueblo acompañará las iniciativas que desde la comunidad se promuevan de manera autónoma, en favor de la solución pacífica de los conflictos, en defensa de la vida, la libertad y la seguridad de la población civil. También hace un llamado a todas las autoridades estatales para brindar un acompañamiento directo, efectivo y afectivo a todas las comunidades del Catatumbo en sus territorios.
Así mismo, hará seguimiento a la respuesta humanitaria que desde el marco de las obligaciones constitucionales y legales se den a las personas que se encuentran en riesgo, sobre todo aquellas que se encuentren en los Espacios Humanitarios de Protección (EHP), conformados por las mismas comunidades, como medida de autoprotección. En este mismo sentido, instamos al respeto de los actores armados en disputa, a la autonomía y a la libre movilidad dentro de su territorio, a los integrantes del pueblo indígena Barí.