PERSPECTIVAS Y RETOS

Una vez se firme el acuerdo para la terminación del conflicto deberán entrár en funcionamiento los mecanismos que se crearán para asegurar la satisfacción de los derechos de las víctimas y la construcción de una paz estable y duradera.

 

Actuar frente al Tribunal Especial para la Paz: La CCJ ajustará sus acciones de litigio e investigación, de tal manera que pueda presentar ante este tribunal el mayor número de casos que comprometan responsabilidad penal, seleccionados entre los aproximadamente cien casos que actualmente representa. En consonancia con el espíritu del acuerdo entre el Gobierno y las Farc, la actuación de la CCJ buscará la mayor satisfacción de los derechos de las víctimas.

 

Participación en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición: De acuerdo con el mandato de dicha Comisión, esta deberá garantizar la participación de las organizaciones sociales y de víctimas que han trabajado por años en la defensa de los derechos humanos. La CCJ cuenta con una importante base de datos de violencia sociopolítica, archivos y documentación de casos, que estimará poner al servicio de la Comisión como un aporte significativo para el esclarecimiento de lo ocurrido, el reconocimiento de las víctimas y la promoción de la convivencia en el país.

 

Participación en la Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas: Por el amplio reconocimiento como organización líder en la promoción y protección de los derechos de las víctimas y familiares de personas desaparecidas forzosamente, durante varios años la CCJ fue delegada permanente de las ONG ante la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada mediante la ley 589 de 2000. Toda esa experiencia acumulada será ahora puesta a disposición para contribuir al diseño, puesta en marcha y desarrollo de la Unidad especial, creada por el Gobierno colombiano y las Farc para coordinar y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas.

Ante la necesidad de mantener la supervisión a las garantías de justicia en el marco del post-acuerdo, la CCJ considera fundamental continuar la actuación frente a mecanismos internacionales para enfrentar la impunidad. En ese sentido, ahora más que nunca se debe promover la actividad de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y su seguimiento por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como mantener abierta la investigación sobre Colombia en la Corte Penal Internacional e insistir en la activa actuación frente a la Comisión y la Corte Interamericanas.

La participación política y ciudadana serán elementos esenciales del modelo de postconflicto que se plantea para Colombia que incluirá la transformación de las instituciones y la posibilidad de participación de nuevos actores políticos y sociales. El espíritu del acuerdo de La Habana sobre este punto es la consolidación de la paz en relación directa con la ampliación democrática y la cualificación de los actores políticos y sociales, así como la posibilidad de surgimiento de nuevas fuerzas para enriquecer el debate y la deliberación.

 

Alcances y límites de los diferentes mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz: Garantizar la participación de la sociedad colombiana, y en especial de las víctimas, pasa por una discusión sobre los mecanismos de refrendación y de legitimación de los acuerdos de paz. La CCJ ha iniciado la construcción de un plan de incidencia para garantizar el debido proceso, influir en la definición de los mecanismos adecuados y promover la participación de la ciudadanía para hacer realidad los acuerdos.

 

Pedagogía para comprender los acuerdos: El éxito del proceso depende en buena medida del grado de apropiación e involucramiento que los ciudadanos hagan de los acuerdos, no sólo a nivel central, sino particularmente en los territorios, en donde son mayores las secuelas del conflicto.

 

Implementación de los acuerdos. El acuerdo para la terminación del conflicto será implementado en el ordenamiento jurídico nacional a través de un procedimiento legislativo especial que actualmente se confecciona en el Congreso de la República y cuyo resultado será objeto del control de la Corte Constitucional. De ahí que participar tanto en el debate legislativo como en el control de constitucionalidad de la implementación de los acuerdos vaya a ser una tarea esencial de la CCJ una vez firmado el acuerdo para la terminación del conflicto.

 

Generación de condiciones o ambientes habilitantes para el ejercicio de la defensa de derechos humanos en el país: Esto empieza por reconocer la legitimidad de esta tarea y frenar la estigmatización de quienes la ejercen; así como promover y facilitar el ejercicio de las libertades de expresión, opinión, asociación y reunión pacífica, y evitar las disposiciones que impongan restricciones u obstáculos al funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil.

Incidir en el rediseño del marco institucional de la fuerza pública: En un contexto de postacuerdo, se debe reconocer la grave responsabilidad que le cabe a la dirigencia colombiana por haber promovido políticas contrarias a los derechos humanos desde la cúpula del Estado, y debe también estar decidida a asegurar la primacía de la autoridad civil sobre la militar, removiendo los núcleos duros de resistencia a una política genuina en derechos humanos, lo cual exige ante todo la eliminación de los manuales de contrainsurgencia basados en nociones de la doctrina de seguridad nacional. Al respecto, la CCJ considera de la mayor importancia trabajar en propuestas que contribuyan a superar las desviaciones o distorsiones antidemocráticas de la doctrina de seguridad nacional que ha dado lugar a cierta militarización del Estado y a graves abusos, incrementando así los motivos de la guerra, según documentados informes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana sobre la situación de derechos humanos en Colombia.

 

Aproximación al tema de DDHH, acceso a la información y derecho a la intimidad y privacidad en tiempos de nuevas tecnologías: Recientemente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó el mandato y nombró como nuevo Relator especial sobre el derecho a la privacidad en la era digital al maltés Joseph Cannataci, quien se encuentra iniciando labores y trabajando para presentar en marzo de 2016 su primer informe ante el Consejo de Derechos Humanos.

 

Este hecho constituye una oportunidad para que la CCJ, que junto a otras organizaciones que han venido trabajando en el tema[1], emprendan una estrategia conjunta de incidencia para posicionar el caso colombiano ante este nuevo mandato, en temas relacionados con las insuficientes garantías legales que permitan proteger los derechos fundamentales en el ejercicio de actividades de vigilancia estatal, así como de la necesidad de un mayor control sobre estas actividades, de manera que la labor de vigilancia persiga fines legítimos, y se valga de medios necesarios, idóneos y proporcionales a dichos fines.

 

Igualmente, en el marco de los mecanismos de justicia transicional, los esfuerzos de la CCJ se dirigirán a garantizar que el acceso, uso y tratamiento de la información por parte de los diferentes mecanismos de justicia transicional definidos en La Habana sea acorde a los estándares de derechos humanos y privilegie los derechos de las víctimas. En esta materia, la CCJ ya está realizando actividades debido a que su director hace parte de la Comisión Asesora para la Depuración de los Archivos de Inteligencia, creada mediante la ley 1621 de 2013, como representante de la sociedad civil, elegido para el efecto por las plataformas de derechos humanos y paz, por unanimidad, en junio de 2014, conforme al decreto 1021 del mismo año. También se aspira a abordar este tema desde la perspectiva de las garantías de no repetición de la violencia en Colombia, para impulsar reformas estructurales en esta materia con ocasión del post-acuerdo o post-conflicto.

 

 

Fortalecimiento de la política de Estado en materia de derechos humanos: Al respecto, la CCJ trabajará a través de acciones de incidencia y diálogo político para impulsar el proceso de adopción, apropiación e implementación de la política pública de derechos humanos. La CCJ busca dar continuidad al proceso participativo emprendido por víctimas y organizaciones de derechos humanos que dio como resultado el documento “De la violencia a la sociedad de derechos: propuesta de política integral de derechos humanos, 2014-2034”. Lograr la apropiación e inclusión de los derechos humanos y el derecho a defenderlos en la agenda social y política del país a través de la adopción e implementación de una apuesta integral de política pública, requiere del trabajo permanente de la sociedad civil y de su incidencia frente a las instituciones del Estado y a la comunidad internacional. Contribuir a este proceso resulta fundamental pues constituye un paso significativo en la búsqueda de una paz sostenible y duradera y marca el camino hacia la plena realización de los derechos humanos y la construcción progresiva de una cultura de los derechos humanos en toda la sociedad colombiana.

 

Fortalecer la Defensoría del Pueblo: La Defensoría del Pueblo tiene por mandato “la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos” (art. 282 de la Constitución ). El cumplimiento de esta tarea resulta fundamental en un escenario de post-negociación, para lo cual es evidente la necesidad de fortalecer la Defensoría y superar las debilidades que la afectan. Para ello, se deberá procurar la efectiva participación de la sociedad civil, a través de la puesta en funcionamiento del consejo asesor creado – pero no implementado – por la ley reglamentaria de la Defensoría (ley 24/92), además de revisar la conformación y las funciones del mismo. El fortalecimiento de la Defensoría también pasa por una revisión del diseño presupuestal y del grado real de autonomía administrativa y de recursos, de tal manera que la entidad cuente con la suficiente independencia y vigor en el ejercicio de sus tareas. Por último, las organizaciones de derechos humanos deberán incidir para que se garantice que el Defensor del Pueblo cuente con las más altas calidades, con reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos y con carácter independiente, desligado de los intereses propios de la política partidista.

Fortalecimiento al sistema judicial para investigar y juzgar las violaciones a los derechos humanos en el futuro: Las reformas estructurales al sistema judicial constituyen una de las principales garantías de no repetición, necesarias además para acabar con la impunidad y recuperar la confianza de la población. En Colombia se requiere la depuración del sistema judicial respecto de los funcionarios judiciales relacionados con actores armados u otros intereses privados que han influido en las decisiones judiciales, el fortalecimiento de la independencia del aparato de justicia, la clara limitación a la competencia de la justicia penal militar, y la generación de capacidades específicas para alcanzar el efecto preventivo, como sería la modificación de metodologías para la investigación de las agresiones cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Apoyar la realización de un desarrollo incluyente, respetuoso de nuestra diversidad cultural y ambiental, que genere redistribución de la riqueza y bienestar para todas y todos los colombianos, es una tarea ineludible en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El debate sobre el desarrollo incluyente pasa por asumir desde la investigación, la incidencia y el litigio de la CCJ, temas como la expansión de la actividad minera extractiva como motor de desarrollo y el papel de las empresas en relación con el respeto y promoción de los derechos humanos.

 

Minería, desarrollo y derechos humanos: La expansión de la actividad minera extractiva en el país representa un grave problema frente a la garantía de los derechos humanos, en particular en relación con las afectaciones e implicaciones que tiene en el ordenamiento social y ambiental de la propiedad, ya que constituye un obstáculo para el acceso a la propiedad de los pobladores rurales, barrera en la formalización de los títulos y en la restitución, y riesgo para los asentamientos rurales y el ejercicio de actividades agrícolas.

 

Frente a este tema, desde la CCJ se avizoran tres posibles líneas con miras a implementar acciones de investigación, litigio constitucional e incidencia, que impliquen desarrollos a futuro en las garantías de los derechos de las poblaciones rurales campesinas y étnicas:

 

  • Relación directa entre las dinámicas productivas de la economía extractiva de minería e hidrocarburos y la intensificación del desplazamiento forzado y otras violaciones graves de derechos humanos.
  • Consulta previa, consentimiento previo e informado como medida de protección de pueblos étnicos frente a explotaciones mineras.
  • Exploración de mecanismos de consulta y protección de derechos de poblaciones rurales no étnicas frente a explotaciones mineras.

 

Empresas y derechos humanos: Este ámbito de trabajo está siendo abordado por muchas organizaciones en la actualidad, por lo que la CCJ se plantea intervenir en dos aspectos concretos:

 

La creación de un instrumento internacional vinculante en materia de derechos humanos para las empresas: Desde hace un par de años se ha adelantado un proceso al interior del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para impulsar la creación de un instrumento vinculante de derechos humanos que cobije a las empresas y las haga internacionalmente responsables por las violaciones que cometan. El proceso de incidencia llevó a la adopción de una resolución en 2014 que ordenó crear un Grupo abierto de Trabajo intergubernamental para la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante en materia de empresas y derechos humanos. La CCJ aspira a desarrollar, en articulación con el grupo de organizaciones que ha liderado este proceso, actividades de incidencia puntuales, al interior de la ONU y en Colombia, para contribuir a la aprobación de este valioso instrumento de derecho internacional, aportando a la protección de los derechos de las personas y comunidades víctimas de abusos cometidos por empresas nacionales y transnacionales en Colombia.

 

El bloqueo de acceso a medicamentos genéricos en el mundo como una violación a los derechos humanos: El Foro Social del mes de febrero de 2015 ofreció un valioso escenario para avanzar en la reflexión sobre la materia y concluyó que “el acceso a los medicamentos es uno de los ejemplos más evidentes de cómo las reglas de la economía y el comercio topan con los derechos humanos, en particular con los derechos a la vida, la salud y el desarrollo”.

 

La Comisión Colombiana de Juristas, en alianza con Misión Salud, ha iniciado actividades de incidencia ante los diferentes mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, y allí han planteado que es necesario modificar el Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), con miras a la abolición de las patentes farmacéuticas de medicamentos esenciales. La CCJ considera que darle continuidad a este trabajo y ampliarlo mediante la construcción de alianzas regionales e internacionales en la materia es una forma de incidir a favor del respeto a los derechos humanos por parte de las empresas farmacéuticas.

El actual proceso de paz le impone al país el reto de cuestionarse sobre la necesidad de construir un nuevo modelo de política agraria, de tierras y de desarrollo rural, más acorde a sus necesidades y sobre el cual se funde una paz estable y duradera.

La CCJ considera fundamental seguir avanzando en la promoción de los derechos humanos de las personas internamente desplazadas y los derechos territoriales de los campesinos, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. En particular, considera importante acompañar y hacer seguimiento a la iniciativa legislativa de reforma constitucional 10 que busca reconocer la territorialidad campesina y el derecho a la consulta previa sobre proyectos agroindustriales y minero energéticos que afecten la autonomía territorial. Desde la actuación frente a Naciones Unidas, considera contribuir mediante acciones de incidencia para la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, articuladas a las iniciativas internacionales que trabajan en el tema, y a la iniciativa sobre un Protocolo Facultativo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Actualmente se evalúa cuál sería la mejor manera de vincularse a estos procesos y cuáles serían nuestros aportes concretos.

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Acuerdo sobre Reforma Rural Integral: Análisis CCJ

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La Importancia de no Intercambiar Impunidades
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Fiscalía reconoce crimen de Jaime Garzón como lesa humanida...
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Pronunciamiento CCJ: La paz aún tiene una oportunidad

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Nuestra misión

 

La Comisión Colombiana de Juristas busca contribuir

i) al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, 

ii) a la vigencia de los derechos humanos y el Estado social de derecho en Colombia.

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Nuestra visión

 

Ser un referente nacional e internacional en derechos humanos, que defiende y promueve integralmente un enfoque de seguridad humana basada en el respeto y la realización de los derechos humanos como fin y como medio, desde una perspectiva del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, y que propende por la distribución equitativa de la tierra y el derecho al trabajo, como base para lograr la paz, el desarrollo y la prosperidad de nuestro país, con especial énfasis en población campesina, trabajadora, etnias y mujeres.

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Nuestros objetivos estratégicos

 

  1. Contribuir al mejoramiento de la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia y a la vigencia del Estado social y democrático de derecho planteado en la Constitución de 1991.
  2. Promover el respeto del derecho internacional humanitario y aportar a la superación negociada del conflicto armado y al logro de una paz duradera basada en los derechos humanos, en particular los derechos a la verdad, justicia y reparación, así como la restitución y redistribución de tierras.
  3. Promover y contribuir al desarrollo, fortalecimiento y efectividad de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, tanto en materia de monitoreo y de procedimientos de protección internacional, como en materia del marco normativo de reconocimiento de los derechos humanos.
  4. Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Comisión Colombiana de Juristas para la realización de sus objetivos.
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Perfil institucional
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Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

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Mecanismos Internacionales de Verificación

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Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
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Mecanismos Internacionales de Verificación
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Mapa de las propuestas de los voceros del “No”

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Comentarios de la CCJ al proyecto que crea el SIVJRNR
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Participación de las víctimas en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición
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Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de DDHH en Colombia
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Transparencia y publicidad de decretos-leyes y gestión de procesos de la Corte Constitucional, en la implementación normativa vía Fast-Track
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Fallece madre de uno de los desaparecidos de Pueblo Bello por incumplimiento de medidas en salud ordenadas por la CorteIDH
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Concepto de la CCJ presentado a la Corte Constitucional sobre la Ley y el Decreto de amnistía
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Observaciones de la CCJ frente al Decreto de uso, ocupación y tenencia al interior de Parques Nacionales Naturales UOT
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Cinco meses sin atención psicosocial y en salud ya dejan víctimas mortales en El Salado
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Comentarios sobre el Proyecto de Acto legislativo que otorga estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final
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Observaciones al proyecto de decreto ley sobre uso, ocupación y tenencia en las áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales
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¡Bienvenida la Verdad!
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Intervención de la CCJ en la Audiencia pública en la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo para la paz
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Reforma a la ley 1448: análisis del proyecto de ley del Fast-track sobre restitución de tierras
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