LOGROS

A nivel nacional la CCJ ha promovido desarrollos normativos de importancia para los derechos humanos en el país. Así, por ejemplo, ha logrado incidir en la Constitución de 1991 (especialmente en el reconocimiento de la prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos, la definición de la carta de derechos y la restricción de los estados de excepción); en la ley estatutaria de los estados de excepción (1994); en la tipificación del delito de desaparición forzada en la legislación colombiana (ley 589 de 2000). Después de años de intenso debate, promovido especialmente por el Comité Internacional de la Cruz Roja y por la CCJ, se logró la aprobación en el Congreso, sin reservas, del protocolo II de los convenios de Ginebra de 1977, y su subsecuente firma (ley 171 de 1994). Igualmente se logró la aprobación de la ley que creó las Comisiones de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara. En la comisión redactora de un nuevo código penal militar, convocada por decisión gubernamental en 1995 (integrada por ocho miembros del Ministerio de Defensa y ocho de sectores civiles, incluido el Director de la CCJ), se logró conformar un grupo civilista con una propuesta alternativa a la militar, que en lo fundamental fue aprobada como nuevo código (ley 522 de 1999). En el trámite legislativo de la ley de víctimas, se lograron incluir dentro del texto aprobado garantías especiales y medidas de protección para las mujeres, la presunción a favor de la víctima respecto a terceros de buena fe, y medidas de participación de las víctimas en el diseño, implementación y seguimiento de la norma.

A su vez, a través de demandas de inconstitucionalidad promovidas conjuntamente con otras organizaciones sociales y de derechos humanos, la CCJ ha obtenido la anulación por parte de la Corte Constitucional de legislación contraria a derechos humanos, como la Ley de Defensa y Seguridad Nacional (ley 684 de 2001, que autorizaba prácticamente la militarización del Estado, declarada inconstitucional por sentencia C-251 de 2002), el Estatuto Antiterrorista (Acto Legislativo 02 de 2003, que modificó la Constitución para permitir la detención y el interrogatorio de civiles por militares, declarado inconstitucional por sentencia C-818 de 2004), el Estatuto de Desarrollo Rural (ley 1152 de 2007, que violó el Convenio 169 de la OIT sobre consulta a pueblos indígenas y afrocolombianos, declarada inconstitucional por sentencia C-175 de 2009), el Estado de Excepción decretado a través del decreto 2002 de 2002 (que otorgaba facultades exorbitantes a las autoridades militares sobre la población civil, declarada parcialmente inconstitucional por sentencia C-122 de 2003), varias normas de la ley 975 de 2005 que reguló los procesos judiciales de rebaja de penas a paramilitares desmovilizados (sentencia C-370 de 2006), y la reforma constitucional al fuero penal militar (Acto Legisaltivo 02 de 2012) declarado inconstitucional por sentencia C-740 de 2013 evitando las graves implicaciones que la vigencia de tal reforma pudo haber ocasionado en la investigacion y juzgamiento de miembros de las fuerzas militares involucrados en casos de violaciones de derechos humanos, con el riesgo latente de que condujeran a la impunidad.

En relación con el litigio estratégico de casos paradigmáticos para la protección de los derechos de las víctimas, la CCJ logró la protección de los derechos a la salud integral y a la atención psicosocial de todas las víctimas del conflicto armado por parte de la Corte Constitucional (sentencia T 045/10), que ordenó al Ministerio de Protección Social el diseño e implementación de protocolos, programas y políticas de atención en salud que respondan a las necesidades particulares de las víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades, especialmente en lo referido a la recuperación de los impactos psicosociales ocasionados por la violencia sociopolítica en el país.

La CCJ es parte de la comisión coordinadora con el Gobierno para el seguimiento de las recomendaciones formuladas ante el Sistema Interamericano para el esclarecimiento de la verdad y reparación en los casos de las masacres de los Uvos, Caloto y Villatina. Fue parte asimismo de la comisión para el esclarecimiento de los sucesos violentos de Trujillo (1994-1995).

Mediante su trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, se han obtenido importantes resoluciones de este organismo en las que se establece la responsabilidad estatal por diversos casos de violación de derechos humanos y se solicita al gobierno indemnizar a los familiares de las víctimas y procesar a los culpables. Es de destacar que antes de la fundación de la CCJ los casos colombianos ante la OEA estaban casi estancados y no se había producido decisión definitiva en relación con ninguno de ellos. En 1988 la CIDH declaró la responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de Luis Fernando Lalinde, ocurrida en 1984. Fue el primer caso sobre Colombia decidido por ese organismo. Había sido denunciado por el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, el médico Héctor Abad Gómez, asesinado en 1997, luego de lo cual la representación fue asumida por la CCJ.

En 1992, la Comisión Interamericana decidió someter a consideración de la Corte Interamericana un caso sobre Colombia, que fue la desaparición forzada de Isidro Caballero y María del Carmen Santana, que había sido denunciado ante la Comisión por la CCJ. En 1995, por primera vez en la historia, la Corte Interamericana adoptó una sentencia condenando al Estado colombiano por dichas desapariciones.

La CCJ obtuvo la decisión de los primeros cinco casos de Colombia en la Comisión Interamericana y del primero ante la Corte Interamericana, además de otros cinco casos posteriormente ante esta Corte (Las Palmeras, 2001; 19 comerciantes, 2004; Ituango, 2006; Pueblo Bello, 2006; y Jesús María Valle, 2008), y estimuló a las restantes organizaciones colombianas de derechos humanos a ejercer acciones internacionales, en las que hasta entonces no habían participado. También contribuyó a aprobar en 1996 la ley 288 por la cual se reconoció obligatoriedad a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación con casos individuales.

En las Naciones Unidas, el trabajo de la CCJ ha llevado a una serie de importantes declaraciones y decisiones sobre Colombia. Entre ellas sobresalen las declaraciones del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, adoptadas cada año por consenso desde 1996 hasta 2005, último año de existencia de la Comisión (que fue reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas); la resolución sobre Colombia de la subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías (1994); y las observaciones y conclusiones de comités de vigilancia de tratados de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité Contra la Tortura, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos del Niño.

Muy importante fue la Declaración en 1996 del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que hizo una síntesis de la situación de derechos humanos en Colombia, retomando en gran parte los argumentos de las organizaciones colombianas y pidiendo al Alto Comisionado abrir una oficina en Colombia con el doble mandato de supervisar la situación de derechos humanos del país (a través de informes analíticos presentados a la Comisión de Derechos Humanos) y de brindar asistencia técnica tanto al Estado como a la sociedad civil colombiana. La oficina fue abierta en 1997; en gran parte este es el resultado del trabajo persistente y sistemático realizado durante siete años por la CCJ ante las Naciones Unidas y los países miembros, en estrecha coordinación con ONG nacionales e internacionales. Luego de ello, la CCJ ha continuado trabajando para contribuir al desarrollo del mandato de esta Oficina y a su permanencia en Colombia, pues los últimos gobiernos, incluido el actual, han pretendido poner fin a su presencia en el país, o reducir sus funciones, lo cual sería un grave retroceso en relación con el propósito de mejorar la situación de derechos humanos en Colombia.

La CCJ es asesora de las centrales sindicales colombianas ante la OIT y en tal calidad ha contribuido a la adopción de importantes decisiones sobre Colombia, la realización de visitas especiales de este organismo al país, la constitución de una misión de buenos oficios, y el nombramiento de un representante de la OIT en Colombia.

La CCJ también contribuyó, junto con numerosas organizaciones de derechos humanos del mundo entero, a la creación de la Corte Penal Internacional en 1998, la aprobación del Estatuto de Roma por parte del Congreso colombiano y la adhesión del gobierno en 2002. Desde entonces, la CCJ ha actuado permanentemente ante la CPI suministrándole información sobre casos que recaerían sobre su competencia y sobre los cuales la CCJ pretende que en algún momento sean asumidos por la CPI. Asimismo, la CCJ ha realizado durante varios años actividades sistemáticas en Naciones Unidas conducentes a la aprobación de normas internacionales, como el Conjunto de Principios sobre la Lucha contra la Impunidad, el Conjunto de Principios sobre el Derecho de las Víctimas a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, la Declaración sobre el Derecho a Defender los Derechos Humanos, y la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, entre otros instrumentos.

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La Importancia de no Intercambiar Impunidades
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Fiscalía reconoce crimen de Jaime Garzón como lesa humanida...
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Pronunciamiento CCJ: La paz aún tiene una oportunidad

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Nuestra misión

 

La Comisión Colombiana de Juristas busca contribuir

i) al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, 

ii) a la vigencia de los derechos humanos y el Estado social de derecho en Colombia.

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Nuestra visión

 

Ser un referente nacional e internacional en derechos humanos, que defiende y promueve integralmente un enfoque de seguridad humana basada en el respeto y la realización de los derechos humanos como fin y como medio, desde una perspectiva del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, y que propende por la distribución equitativa de la tierra y el derecho al trabajo, como base para lograr la paz, el desarrollo y la prosperidad de nuestro país, con especial énfasis en población campesina, trabajadora, etnias y mujeres.

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Nuestros objetivos estratégicos

 

  1. Contribuir al mejoramiento de la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia y a la vigencia del Estado social y democrático de derecho planteado en la Constitución de 1991.
  2. Promover el respeto del derecho internacional humanitario y aportar a la superación negociada del conflicto armado y al logro de una paz duradera basada en los derechos humanos, en particular los derechos a la verdad, justicia y reparación, así como la restitución y redistribución de tierras.
  3. Promover y contribuir al desarrollo, fortalecimiento y efectividad de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, tanto en materia de monitoreo y de procedimientos de protección internacional, como en materia del marco normativo de reconocimiento de los derechos humanos.
  4. Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Comisión Colombiana de Juristas para la realización de sus objetivos.
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Perfil institucional
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Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

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Mapa de las propuestas de los voceros del “No”

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Comentarios de la CCJ al proyecto que crea el SIVJRNR
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Participación de las víctimas en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición
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Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de DDHH en Colombia
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Transparencia y publicidad de decretos-leyes y gestión de procesos de la Corte Constitucional, en la implementación normativa vía Fast-Track
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