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Alerta por la intensificación de la campaña anti-restitución de tierras en el departamento del Magdalena
La Comisión Colombiana de Juristas manifiesta su profunda preocupación por la campaña anti restitución que se viene generando por parte de opositores a la restitución de tierras. Como parte de dicha campaña se ha convocado a un evento el próximo 5 de abril de 2016 en el Municipio de Sabanas de San Angel, departamento del Magdalena. El pretexto para dicho evento sería aparentemente la defensa de los derechos de segundos ocupantes.
Ciertamente, los derechos de los segundos ocupantes, que son personas en situación de vulnerabilidad, deben ser cuidadosamente protegidos en el momento de restituir las tierras a las víctimas de la usurpación. Así lo ha hecho saber nuestra organización a la Corte Constitucional en el mes de enero de 2016 al pedir que declare la constitucionalidad del requisito (establecido en la ley 1448) de probar la buena fe exenta de culpa para el reconocimiento de las pretensiones de los titulares de derechos sobre las tierras que deban restituirse.
Sin embargo, lo que se ha observado en la convocatoria de este evento es una manipulación de ese problema como una falsa motivación para beneficiar intereses de terratenientes, testaferros y concentradores de tierras, que quieren retener los predios obtenidos de manera ilegal y fraudulenta presentándose como defensores de la buena fe de los segundos ocupantes. Lo cierto es que esta campaña ha estado acompañada de hechos violentos y amenazas de líderes de restitución de tierras en los últimos meses.
Invitamos a la población en su conjunto, a las autoridades y a la comunidad internacional a respaldar a las víctimas de despojo y abandono forzado como consecuencia del conflicto armado colombiano que se encuentran en todo el territorio nacional y en particular en el departamento del Magdalena. Así mismo, llamamos a respaldar eficazmente la política pública de restitución de tierras y la gestión que ha venido realizando la Unidad de Restitución de Tierras para reparar a las víctimas de la violencia de manera significativa pese a los opositores de la ley 1448 de 2011.
En particular, instamos al Ministerio Público, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las demás instituciones del Estado, para que adopten las medidas necesarias y urgentes en favor de las víctimas y reclamantes de tierras que propendan por la garantía del derecho de la justicia y la reparación integral que fortalezca el camino hacia una paz justa y duradera, ante el riesgo inminente que implican los diferentes hechos violentos y políticos contra la restitución. En el mismo sentido, urgimos la movilización de las organizaciones sociales y el respaldo de la cooperación internacional.
Comisión Colombiana de Juristas
4 de abril de 2016