Centro de Documentación
La paz aún tiene una oportunidad
Desde la Comisión Colombiana de Juristas, como organización de derechos humanos, hemos apoyado decididamente la iniciativa de lograr una solución negociada al conflicto armado colombiano y manifestamos públicamente nuestro respaldo al Acuerdo celebrado entre el Gobierno y las Farc. Por tal motivo, aunque el resultado obtenido en el Plebiscito pone en riesgo la terminación negociada del conflicto, no merma nuestro compromiso con la construcción de paz ni nuestro trabajo por la realización de los derechos de las víctimas.
Creemos que lo acontecido en las últimas horas nos permite ver que muchos colombianos y colombianas, incluso los partidarios del no, aprecian la construcción de una paz negociada y una salida dialogada al conflicto en nuestro país. Las declaraciones de las partes frente a lo acontecido son un signo de esperanza de que se logrará superar las diferencias y de que con el trabajo de todos los sectores se podrá culminar el proceso de paz.
Esperamos que esto nos permita avanzar sin perder lo que se ha ganado hasta ahora en materia de los acuerdos y del cese bilateral del fuego y hostilidades entre el Gobierno y las Farc. Fundamentalmente, las víctimas del conflicto deben seguir siendo el centro del proceso y el norte de los pasos a seguir.
Hacemos una invitación para que el esfuerzo por sacar adelante el proceso de paz sea potente y comience por celebrar, cuanto antes, el Pacto Político Nacional consignado en el punto 3.4.2 del Acuerdo Final, para que todas las fuerzas políticas y sociales se comprometan a no utilizar nunca más las armas y la violencia en la política. Este sería, a nuestro juicio, el punto de partida más adecuado para avanzar en las propuestas y soluciones al momento de incertidumbre actual.
Comisión Colombiana de Juristas
Octubre 3 de 2016
[i] "3.4.2. Pacto Político Nacional: El anhelo del país de alcanzar una paz estable y duradera se funda en el reconocimiento de la necesidad de superar el conflicto armado. El Gobierno Nacional y el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, se comprometen a promover un Pacto Político Nacional y desde las regiones, con los partidos y movimientos políticos, los gremios, las fuerzas vivas de la Nación, la sociedad organizada y las comunidades en los territorios, sindicatos, el Consejo Nacional Gremial y los diferentes gremios económicos, los propietarios y directivos de los medios de comunicación, las iglesias, la academia e instituciones educativas, las organizaciones de mujeres y de diversidad sexual, de personas con discapacidad, jóvenes, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las organizaciones de víctimas y de defensoras y defensores de derechos humanos y las demás organizaciones sociales.
Este Pacto Político Nacional que deberá ser promovido desde las regiones y sobre todo en las más afectadas por el fenómeno, busca hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos/as para que nunca más, se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo que irrumpan en la vida de los colombianos/as vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad. En este sentido, el Gobierno Nacional se compromete a poner en marcha el proceso legislativo necesario para incorporar a la Constitución la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias. Además se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica entre colombianos/as." (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Páginas: 71-72)."