Columnas de opinón

Soldado advertido

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No es la primera vez que eso ocurre. En realidad, ha ocurrido siempre. Antes de los años 90, porque las relaciones entre los dos países eran incondicionales. Desde mediados de los años 90, el Congreso estadounidenses ha establecido condiciones en materia de derechos humanos para que esa ayuda pueda darse. Esas condiciones son importantes, pero el Departamento de Estado siempre ha encontrado la forma de hacer ver que se han cumplido o que han sido imposibles de cumplir.

En relación con Colombia, siempre hay argumentos para mostrar que el Gobierno está haciendo avances en derechos humanos y que la situación está mejorando. El hecho mismo de tener un Gobierno elegido, y no impuesto por un golpe de Estado, es la principal carta de aceptación en esa materia. El gobierno de Uribe se benefició de esa inercia, no por democrático, sino por haber ganado las elecciones, que cada día son más dudosas. En el momento actual, un gobierno sin las características autoritarias y maniqueas del anterior reluce, sin lugar a dudas. Si a eso se le agregan la ley de víctimas y de restitución de tierras, y el proceso de paz con las guerrillas, el balance que puedan hacer los observadores extranjeros, e incluso los nacionales, no es extraño que resulte positivo.

Para tener un balance más equilibrado deben considerarse otros problemas graves de derechos humanos, como los asesinatos y las desapariciones por razones sociopolíticas (que continúan dándose en proporciones graves, especialmente contra reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos), los desplazamientos forzados (con la privación de múltiples derechos para cerca de cinco millones de personas) o la impunidad. Y la impunidad en materia de violaciones de derechos humanos en Colombia continúa siendo no solamente alta, sino reforzada por medidas adoptadas por la presente administración. Entre ellas sobresalen la reforma constitucional al fuero militar y la renuncia a la persecución judicial penal prevista en el marco jurídico para la paz.

Al certificar a Colombia y autorizar el desembolso de la ayuda militar pendiente, el Departamento de Estado advirtió que “la reforma a la Justicia Militar podría permitir que el sistema de justicia militar asumiera casos relacionados con violaciones de derechos humanos”, no obstante que, según el Gobierno, “la reforma garantiza que los casos de derechos humanos permanecerán en la jurisdicción civil”. El Departamento de Estado dice que va a estar atento a la revisión que haga la Corte Constitucional de esta reforma y a su implementación, y concluye anotando que se ha “mejorado el desempeño de la Fuerza Pública en derechos humanos, pero para que ese progreso se mantenga, la dirección debe permanecer enfocada en el proceso de construcción a largo plazo de una cultura de derechos humanos en sus instituciones”. Mejor dicho: cero impunidad, o se cobrará la factura. Ya había advertido lo mismo el Departamento de Estado en su informe de 2010: “Asegurar una cultura duradera de respeto de los derechos humanos a todos los niveles de la Fuerza Pública sigue siendo un reto”. Amanecerá y veremos.