Columnas de opinón

Certificación condicionada made in USA

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"Asegurar una cultura duradera de respeto de los derechos humanos a todos los niveles de la Fuerza Pública sigue siendo un reto, debido particularmente a la resistencia de algunos comandantes a importantes reformas. (...) el Gobierno colombiano necesitará fortalecer la adhesión a sus políticas y la implementación de sus reglas para asegurar que el progreso sea irreversible". La anterior advertencia no proviene de una ONG ni de un partido de oposición. Es una preocupación central del Departamento de Estado de Estados Unidos, expresada en la certificación que otorgó el 9 de septiembre para autorizar la continuación de la ayuda militar al Gobierno colombiano [1].

Cuatro grandes preocupaciones adicionales se destacan en este detallado documento de 242 páginas, que debería ser conocido por toda la población colombiana para tomar conciencia de la gravedad de nuestra situación. El DAS se encuentra entre ellas, por supuesto: "Las interceptaciones y la vigilancia ilegal del DAS que se ha denunciado continúan siendo preocupantes e inaceptables", sentencia elocuentemente el documento. También los "falsos positivos": el informe revela que hay en la Fiscalía 1.368 casos de estos asesinatos de civiles presentados falsamente por la fuerza pública como guerrilleros muertos en combate. Sólo 305 de estos casos tienen abierta investigación formal o instrucción, y en ellos están vinculados 3.700 militares. El informe lamenta la lentitud en la resolución de los casos y la resistencia a transferir a la justicia civil otros que se encuentran en la jurisdicción penal militar (sólo cinco casos fueron remitidos entre enero y julio de 2010, mientras que en 2009 fueron 266).

El paramilitarismo irresuelto también preocupa al Departamento de Estado. Señala el informe que algunos paramilitares no se desmovilizaron y otros se removilizaron, y que pueden sumar 3.749, según el Gobierno, o entre 7.000 y 8.000, según la MAPP/OEA, o hasta 10.200, según Nuevo Arco Iris. En cualquier caso, los califica como una amenaza para la población civil colombiana. El proceso de "justicia y paz" lo considera muy complicado y diseñado en forma muy ambiciosa, además de carecer de recursos y de capacidad institucional suficientes. Reprocha el retardo en la restitución de tierras y de otros bienes por parte de los paramilitares debido a dificultades procesales.

Quizás donde más enfatiza el documento es en el irrespeto a defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, opositores políticos, líderes religiosos y miembros de comunidades indígenas y afrocolombianas. Advierte que "el Gobierno tiene que incrementar su reconocimiento público de los defensores de derechos humanos y de las ONG, mejorar la protección de estos grupos y tomar acciones más rápidas para investigar las amenazas y los crímenes en su contra". Anota que líderes indígenas y afrocolombianos han expresado preocupación por la adopción de la Directiva Presidencial 1 de 2010 sobre consulta previa, que paradójicamente no fue consultada previamente con ellos. Le alarma la continuación de asesinatos de sindicalistas, por encima de las diferencias de información al respecto (47 para 2009 y 33 para el primer semestre de 2010, según la Escuela Nacional Sindical; y 28 y 15, respectivamente, según el Gobierno). Y concluye con un respaldo decidido: "El Departamento de Estado reconoce el compromiso de los defensores de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil por el mejoramiento continuo de la situación de derechos humanos en Colombia y aplaude su trabajo, que a menudo es peligroso".

Dicho todo lo anterior, un ser normal no autorizaría la continuación de la ayuda militar a un país en tales condiciones. Pero autorizarla haciendo estas advertencias implica, más allá de la incongruencia, que Estados Unidos tiene la mira puesta para que se adopten correctivos eficaces de una vez por todas porque es grave la magnitud de la crisis de derechos humanos que se evidencia en Colombia.