Columnas de opinón

Coordinación y complementariedad

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Un factor clave para el éxito del proceso de paz ha sido y debe seguir siendo su estrecha relación con los organismos de promoción y de supervisión de derechos humanos. La vigilancia ejercida sobre Colombia desde los años 90 por tales organismos ha sido decisiva para que el acuerdo de paz haya sido cuidadoso en respetar las obligaciones internacionales en materia de justicia, así como para incluir el compromiso gubernamental de desarrollar una política de derechos humanos. Si no tuvieran sus ojos puestos en Colombia esos organismos, y especialmente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presente en el país desde 1997, el resultado habría sido distinto.

Hay que garantizar que ese resultado se consolide. Por eso, sabiamente, el Acuerdo de Paz previó que el Gobierno solicitará que, dentro del informe que anualmente presenta sobre Colombia la mencionada Oficina del Alto Comisionado, "incluya un capítulo especial en relación con la implementación de los acuerdos en materia de derechos humanos". Además, señaló que su mandato se renovará, como se hizo en octubre, "por un período de tres años que podrá ser renovable".

La terminación del conflicto armado debe contribuir a mejorar la situación de derechos humanos, pero esa no es una consecuencia automática del fin de la guerra: se necesita desarrollar acciones específicas para ello. Hay que superar la impunidad de la mayoría de los crímenes comunes cometidos en el país, urge satisfacer las necesidades básicas de importantes sectores de la población (especialmente indígenas y afrodescendientes), las cárceles no pueden continuar en un estado que la Corte ha declarado inconstitucional, debe ponerse fin a la tortura, los organismos de seguridad no pueden generar inseguridad para la ciudadanía. En fin: las instituciones deben garantizar la efectiva realización de los derechos de la gente común y no solo la de unos pocos.

Esta continuación y fortalecimiento de la actividad de la Oficina del Alto Comisionado en Colombia es la mejor garantía para el buen desempeño de la Misión Política que, también según el Acuerdo, deberá ser creada por la ONU para "verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva". Dicha Misión es adicional a la actual Misión Política, creada por el Consejo de Seguridad mediante resolución 2261 de 2016, para verificar la dejación de las armas.

Tanto las tareas de la actual Misión como las de la futura son esencialmente de seguridad y tienen una estrecha relación con las actividades de derechos humanos, aunque son diferentes de estas. Por eso es muy importante que exista estrecha coordinación entre la Oficina y la Misión. La primera, con mayor arraigo y un espectro más amplio. La segunda, con un encargo más especializado y de rápida ejecución. Ambas, cruciales. Lo mejor entonces, es que vayan agarradas de la mano y que tanto la una como la otra reciban el suficiente respaldo político y financiero de Naciones Unidas y de la cooperación internacional. Así debería expresarse en la decisión por la cual la ONU establezca la nueva Misión.