Columnas de opinón

Policía 'in blue'

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El presidente Duque presentará al Congreso unas propuestas de reforma a la Policía el próximo 20 de julio. Para que la policía militarizada que tenemos se convierta en un cuerpo civil, como está previsto en la Constitución, estas iniciativas deben realizarse por entidades distintas de la propia institución policial. De lo contrario, serán ineficaces, como lo fueron la reforma adoptada mediante la ley 62 de 1993, o las recomendadas por una Misión Especial en 2003 y por una Comisión de Alto Nivel en 2017, que nunca se aplicaron.   

Entre las innovaciones previstas mencionó el presidente una dirección y un observatorio de derechos humanos a cargo de un civil en la Policía. En la ley 62 de 1993 se estableció un Comisionado Nacional para la Policía encargado de tramitar las quejas de la ciudadanía. Debía ser “un funcionario no uniformado”. El doctor Adolfo Salamanca, destacado jurista que más tarde sería Vicefiscal General de la Nación, trató de ejercer sus funciones como Comisionado en medio de la hostilidad implacable de coroneles y generales, que lograron que el cargo fuera eliminado (decreto 1670 de 1997). La Corte Constitucional ordenó restablecerlo (sent. C-140/98), lo cual se hizo aparentemente, pero la figura del Comisionado se asfixió en la práctica (decretos 1932/97 y 1512/00).

Civiles encargados de derechos humanos dentro de la fuerza pública no tienen muchas posibilidades de ser vistos con respeto por quienes portan charreteras. La dirección y el observatorio de derechos humanos para la Policía deben desarrollarse desde una entidad exterior a ella, con poder institucional propio. Así se propone, por ejemplo, en el proyecto de ley 319/20, pendiente de primer debate en el Senado: una Auditoría Policial adscrita a la Defensoría del Pueblo como Unidad Administrativa Especial tendría a su cargo la recepción de denuncias por abusos policiales y su presentación y seguimiento ante la Procuraduría, la Inspección de la Policía o la Fiscalía.

La misma lógica debería aplicarse en relación con la universidad policial anunciada por el presidente como un centro de formación en derechos humanos, que debería impartirla la Defensoría del Pueblo. A ella le corresponde recomendar las políticas para su enseñanza, según la Constitución (art. 282.2). También podría hacerlo la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que depende de la rama judicial, e infundiría respeto.

El presidente se refirió igualmente a la participación ciudadana para la transformación constante e integral del servicio de policía. La ley 62 de 1993 creó una Comisión Nacional de Policía y de Participación Ciudadana, con funciones como la de proponer políticas para una orientación ética, civilista y democrática en la relación Comunidad-Policía. Está integrada por 24 miembros: funcionarios estatales y voceros de sociedad civil, pero nunca ha funcionado. El proyecto 319/20 prevé que la Secretaría Técnica sea asumida por la Defensoría del Pueblo.  

Si enfoques civilistas como estos se plasman en los mecanismos materiales de ejecución de la reforma, puede que hasta sirva que el uniforme de la policía no siga siendo verde sino azul, como también lo ha propuesto el presidente. Si no, sería pura cosmética.