Columnas de opinón

Una imprudente decisión transformada en espaldarazo a la JEP

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El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, electo el 12 de febrero y posesionado este 16 de junio, vino a Colombia la semana pasada a anunciar el cierre del examen preliminar que su oficina viene desarrollando sobre Colombia desde 2004.

Dicho examen ha sido muy positivo para el país, y contribuyó a lograr que el Acuerdo de Paz no se basara en la impunidad, sino en la aceptación de un sistema de justicia transicional. Gracias a ello, la Fiscalía de la CPI ha acompañado este sistema para fortalecerlo y preservarlo frente a los ataques o la falta de colaboración por parte de sectores opuestos al Acuerdo, incluido el Gobierno.

El cierre del examen preliminar es producto de los avances logrados por la justicia transicional, es decir, por la JEP y los otros componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a pesar de la deficiente colaboración, cuando no de la franca oposición del Gobierno y de su partido.

El fiscal de la Corte Penal Internacional le pidió al presidente de Colombia que firmara un acuerdo en el cual el Gobierno reconoció el rango constitucional que tiene el Sistema Integral, y la Fiscalía de la CPI enfatizó su compromiso de participar en un proceso a largo plazo, tanto de apoyo como de aprendizaje de los procesos nacionales de rendición de cuentas. Sobre esas premisas, el Fiscal dejó claro que el cierre del examen queda sujeto a una posible reconsideración posterior, como consecuencia de lo cual el Gobierno se comprometió a continuar salvaguardando la estructura y el marco constitucional y legislativo establecido para la JEP, asegurar el presupuesto necesario para su implementación y prevenir cualquier interferencia con sus funciones.

Esto tendrá que producir efectos sobre las propuestas que parlamentarios del partido de Gobierno vienen haciendo para reformar y debilitar a la JEP, frente a las cuales el Gobierno adquirió con el fiscal de la CPI la obligación de enfrentarlas. Algunos de ellos han dicho que el acuerdo no limita sus atribuciones y han anunciado que insistirán en sus propuestas de modificar o suprimir la JEP. Peor para ellos, pues en el documento quedó establecido que la Fiscalía de la CPI podrá reabrir el examen, o incluso presentar casos sobre Colombia ante la CPI, en caso de que ocurra cualquier cambio significativo de las circunstancias, como obstaculizar el progreso de los procedimientos pertinentes, obstruir el mandato o el funcionamiento adecuado de la JEP, o cualquier revisión o suspensión del esquema judicial establecido en el Acuerdo de Paz.

Si bien se cerró el examen, el Gobierno y los sectores contrarios al Acuerdo de Paz quedaron advertidos de que cualquier ataque contra este o cualquier intento de modificación del sistema de justicia transicional puede dar lugar a la reapertura del examen preliminar o a la presentación de casos de Colombia ante la CPI. 

Así las cosas, aunque el Fiscal de la CPI no fue propiamente solidario con las víctimas y acabó neciamente un procedimiento que ha favorecido la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición para ellas, el cierre del examen está acompañado paradójicamente de un espaldarazo a la JEP. Hay que hacer valer este espaldarazo.