Columnas de opinón

¿Quién apadrina al Padrino?

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La pertenencia del general Leonardo Barrero a grupos criminales, según los descubrimientos de la Fiscalía al respecto, es un hecho gravísimo, que no se circunscribe a su responsabilidad personal, sino que involucra igualmente la de quienes lo han apoyado durante años hasta el presente. Es espeluznante saber que alguien que ostentara entre 2013 y 2014 la máxima autoridad en las Fuerzas Armadas de Colombia, como Comandante General de las Fuerzas Militares, ha estado delinquiendo antes, durante y después de ese cargo en estrecha relación con las AUC, el Clan del Golfo y otros grupos paramilitares. Su actuación más reciente no se limitaba a una intervención aislada: era el máximo articulador de una red de militares, algunos en retiro, muchos de ellos altos oficiales, que aseguraban desde 2019, al menos, la realización de las operaciones de compra, procesamiento y exportación de cocaína en Nariño por el grupo ilegal La Cordillera. Por eso allí lo llamaban “El Padrino”.

Pero ello no habría sido posible sin el respaldo recibido también durante años de las más importantes figuras del Gobierno y de su partido. Barrero fue encargado por el presidente electo Iván Duque de hacer el empalme en su nombre con el Ministerio de Defensa. Luego, en noviembre de 2018, se creó el Comité del Plan de Acción Oportuna (PAO), supuestamente para la protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (decreto ordinario 2137/18). El general (r.) Barrero fue nombrado su director. ¡Qué peligro! Dicho Comité no era necesario, pues existe para el efecto la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), encabezada por el presidente, e integrada por miembros del Gobierno, de organismos estatales de control y de la sociedad civil (decreto-ley 154/17). Pero en el Comité del PAO no se incluyó a miembros de la sociedad civil, y el Gobierno ha bloqueado en la práctica el funcionamiento de la CNGS. El nombramiento de Barrero como responsable de la seguridad de activistas sociales fue criticado severamente por organizaciones no gubernamentales, debido a sus antecedentes, que lo relacionan con falsos positivos, y a declaraciones estigmatizantes contra organizaciones campesinas, pero, especialmente, a la macabra recomendación que le dio a un protegido suyo, el coronel González del Río, de organizar una “mafia” contra los fiscales que lo investigaban también por falsos positivos.

La ministra del Interior del momento, Nancy Patricia Gutiérrez, rechazó e ignoró las críticas con el argumento de que el general no había sido condenado y se presumía su inocencia. Indicó también que no era director sino asesor del PAO, pero con delicadas responsabilidades. Sus sucesores en el ministerio, Alicia Arango y Daniel Palacios, mantuvieron la misma postura. Según el código civil, se configuró así, además de una culpa in eligendo, una culpa in vigilando.

Barrero fue candidato a la Gobernación del Cauca en 2015, con el respaldo entusiasta de Álvaro Uribe, y miembro de su lista al Senado en 2018. En ambos intentos fracasó, pero evidencian su estrecha relación con el ex presidente.

Que la justicia desactive estos padrinazgos puede ser un sueño. Pero urge lograrlo porque ya la pesadilla es insoportable y nefasta.