Columnas de opinón

Arrogancia peligrosa ... y desagradecida

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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realiza una valiosa labor humanitaria en beneficio de Colombia desde hace cincuenta años. En 2021 recuperó y entregó 22 cuerpos de personas desaparecidas. Facilitó la liberación de 27 secuestrados. Brindó atención física y mental, y asistencia en generación de ingresos, a 1.743 sobrevivientes de violencia sexual. Desarrolló múltiples acciones adicionales a favor de víctimas de conflictos armados, así como de migrantes, y también en respuesta al covid-19.

En medio de sus tareas humanitarias, ha podido percibir directamente los problemas de la crisis que padecemos. En su informe sobre el año 2021 destaca seis, y advierte que “la mayoría de los efectos derivados de los conflictos armados y la violencia alcanzaron el nivel más alto de los últimos cinco años”.

Uno de ellos es el desplazamiento y el confinamiento, que ya eran preocupantes en 2020 y aumentaron en 2021. Según información oficial, el desplazamiento masivo afectó a 52.880 personas; el desplazamiento individual, a 77.568; y el confinamiento, a 45.108.

También crecieron las víctimas de artefactos explosivos, que registraron las cifras más altas de los últimos cinco años: 486 en 2021, 392 en 2020, 353 en 2019, 244 en 2018, y 57 en 2017.

Un tercer problema, cuya gravedad igualmente aumentó, es la desaparición forzada: 168 casos en 2021, 164 en 2020, 167 en 2019, 134 en 2018, y 128 en 2017. Es decir, una desaparición cada dos días, en promedio (144 civiles y 23 integrantes de la Fuerza Pública o de grupos armados).

Se registran asimismo en el informe los ataques contra la Misión Médica: 533 en 2021, “un aumento histórico por tercer año consecutivo, con un incremento del 70 % respecto de 2020”. El 66 % de las agresiones fueron cometidas por civiles, y los “ataques perpetrados por actores armados reportados oficialmente han aumentado y representan el 20 % del total de casos”.

El informe reseña la violencia sexual, aunque no la cuantifica, pero señala que “continúa siendo una problemática invisibilizada” y “no solamente es empleada con el fin de intimidar y castigar a las personas o comunidades, sino también para exhibir poder y demostrar control territorial”.

Un sexto problema consiste en los efectos negativos que las diversas agresiones causan a la población sobreviviente: estudiantes que dejaron de ir a la escuela, o comunidades que han experimentado afectaciones psicológicas, económicas y sociales por el asedio persistente.

El Gobierno no ha valorado este diagnóstico, que es una contribución desinteresada, objetiva y experta para la superación de nuestra crisis humanitaria. A sus ojos, no hay un aumento sino una disminución de los problemas, y las “Autodefensas Gaitanistas” no se llaman así, sino “Clan del Golfo”. Le chocó también que el CICR dijera que “en Colombia hay seis conflictos armados”, y argumentó que esta violencia no era causada por el Estado sino por grupos narcoterroristas.

Pero la discusión no es esa. Lo cierto es que en estos cinco años se ha agravado la seguridad de la población. Este Gobierno pasará a la historia como el más inepto para impedirlo, por despreciar los inmensos aportes del proceso de paz y de la gente que sabe, como el CICR.