Columnas de opinón

Catarsis y transformación mediante justicia transicional

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“No fueron errores: fueron horrores”, dijo uno de los siete ex dirigentes de las Farc que la semana pasada reconocieron ante la JEP su responsabilidad por los secuestros ejecutados, como crímenes de guerra y de lesa humanidad, no amnistiables. “Yo quisiera que la tierra me tragara”, dijo el máximo comandante, para expresar su profunda vergüenza por los daños producidos al secuestrar a políticos y miembros de la fuerza pública para presionar su canje por guerrilleros presos, o a civiles para financiarse, o para asegurar su control territorial. “La guerra es la más inhumana de todas las actividades que pueda hacer el ser humano”, dijo otro de ellos, al atender, al igual que sus compañeros, la exigencia de hacer un reconocimiento fáctico, jurídico y restaurador de los graves hechos perpetrados por su organización, y de su responsabilidad colectiva e individual.

Es un acontecimiento histórico: la máxima dirigencia de un grupo insurgente, luego de medio siglo de guerra, toma distancia de los graves delitos que cometió. Abomina de ellos, los califica como una barbaridad, reconoce el grave daño infligido a las víctimas y a sus familias por su inaceptable secuestro y, en ocasiones, por su desaparición forzada, así como por los tratos crueles, inhumanos y degradantes propinados a algunas de ellas, incluyendo trabajos forzados. Manifiesta también que nunca más deben ocurrir, y que está dispuesta a hacer lo que esté a su alcance para reparar las consecuencias dañinas de sus acciones atroces e injustificables.

La reparación es tal vez la parte más difícil de todo este proceso. Algunas víctimas no creen que haya un arrepentimiento creíble y, de todas formas, el mal causado es irreparable. Otras piden que se organice un programa de reparación integral, que incluya la indemnización económica, y en el cual las Farc comprometan de manera más decidida los recursos que algunas creen que ellas tienen. Hay quienes reclaman que les entreguen el cadáver de su familiar desaparecido, y los comparecientes han expresado su voluntad para lograrlo. Otras exigen que se revele qué políticos, funcionarios públicos o civiles estuvieron detrás de su secuestro, como cómplices de la guerrilla. Algunas, siendo muy severas, manifiestan que los han perdonado, porque “seguir con odios sería estar todavía secuestrado mentalmente”. Una, tremendamente crítica, llegó a decir que reconocía “el componente ético que los victimarios le han dado a esta audiencia”.

La sensibilidad de las víctimas es tal vez la parte más difícil de toda esta experiencia, pero puede mejorar. En ello, la actitud de la magistratura ha sido admirable. Está creando un nuevo derecho y un nuevo perfil de la justicia: en vez de ser distante de las partes, vela con escrupulosa atención los derechos de las víctimas y también la actitud de quienes fueron victimarios, comprometidos hoy en un proceso judicial dialógico y de construcción de paz. En tres meses, la Sala de Reconocimiento  proferirá su resolución de conclusiones sobre este ejercicio. Que ayude a avanzar en el lento y difícil pero acertado proceso de justicia y de sanación de las heridas del conflicto armado que ha afectado tanto y a tantas personas en nuestro país.