Columnas de opinón

Cobardía

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Así podría haberse titulado el tercer capítulo del volumen sobre “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad (CEV), dedicado al análisis de las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario cometidas durante el conflicto armado en Colombia, basado en 112 bases de datos, tanto estatales como de la sociedad civil.

La inmensa mayoría de las víctimas de estas violaciones e infracciones fueron civiles. En el caso del derecho a la vida, el 90 %. Existen registros de 450.664 homicidios y 121.785 desapariciones forzadas entre 1985 y 2016. Debido al subregistro de casos, la CEV estima que el total de unos y otras podría superar el millón de personas, entre las cuales se contabilizan 24.600 muertas en 4.237 masacres entre 1958 y 2019. También se incluyen los 6.402 “falsos positivos” cometidos entre 2002 y 2008, y 179.076 asesinatos selectivos cometidos entre 1958 y 2021 contra líderes y lideresas sociales por paramilitares (42 %), guerrillas (16 %) y agentes estatales (3 %), con un 35 % de autor desconocido.

También han sido civiles las principales víctimas de la violación del derecho a la libertad. Hubo por lo menos 16.000 detenciones arbitrarias entre 1978 y 1982, 10.732 entre 1990 y 2002, y 6.590 entre 2002 y 2004, que generaron otras violaciones, como torturas o desapariciones. Además, 2.493 indígenas fueron detenidos arbitrariamente entre 1974 y 2004. Y fueron civiles en su mayoría las 50.770 personas secuestradas entre 1990 y 2018 por las Farc (40 %), los paramilitares (24 %), el Eln (19 %), otros (9 %) y también por agentes estatales (descontando un 29 % de autoría desconocida).

Ni qué decirlo en materia del derecho a la integridad. El Registro Único de Víctimas (RUV) contiene 32.446 personas víctimas de violencia sexual y 7.571 casos de tortura, además de 1.340 que pudo recoger la CEV para el período 1978-1982. Evidentemente hay subregistro, pero es una muestra valiosa.

La población desplazada —que en su totalidad está constituida por civiles y mayoritariamente por mujeres (52 %)— asciende a 8’273.562 personas, según el RUV, con corte al 31 de mayo de 2022. Muchas otras han sido confinadas. Más de un millón de personas, civiles todas, se exiliaron entre 1988 y 2020.

Lo mismo sucede con las 588.484 amenazas reportadas al RUV, con los 16.238 casos de reclutamiento de menores registrados desde 1990 hasta 2017, y con los 21.197 ataques a bienes protegidos entre 1985 y 2021, las extorsiones, el pillaje, los ataques indiscriminados y las más de 537.503 familias de civiles que, según la Contraloría, fueron despojadas de más de ocho millones de hectáreas de tierra entre 1985 y 2013.

El Informe explica que los combatientes legales e ilegales terminaron coincidiendo en que controlar a la población civil era un objetivo de alto valor para ganar la guerra. Puede ser, pero no cabe duda de que fue una actitud cobarde por parte de todos los actores. Combatir a personas civiles desarmadas no se puede considerar motivo de orgullo para ningún guerrero y es una violación del principio de distinción del derecho humanitario.

Que nunca más se permita semejante bellaquería. Gracias, Comisión de la Verdad.