Bogotá, 6 de agosto de 2024. La Fiscalía 77 Especializada de la Dirección contra violaciones de los derechos humanos declaró el homicidio de Cándido Méndez Cochero como crimen de lesa humanidad, a través de una resolución del 26 de julio de 2024. El despacho argumentó en su decisión que este delito cometido por exintegrantes del Frente Resistencia Motilona del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se ejecutó como parte de un plan sistemático y generalizado, orientado a exterminar al sindicato. En consecuencia, también se declaró la imprescriptibilidad de la acción penal, lo que implica que la Fiscalía tiene que seguir investigando el caso y no podrá ampararse en el paso del tiempo para detener las labores dirigidas a esclarecer los hechos.
Este homicidio está relacionado con la investigación penal que cursa ante la Fiscalía 251 delegada ante los jueces penales del circuito especializado de la Dirección de Justicia Transicional que está investigando a directivos, exdirectivos y empleados de Drummond Ltd. por concierto para delinquir agravado, que también fue declarado crimen de lesa humanidad.
El día 19 de febrero de 2001 fue asesinado Cándido Méndez Cochero, primer sindicalista que perdió la vida por defender los derechos laborales de los trabajadores de la empresa Drummond Ltda. Según las declaraciones rendidas por su hija Maira Marleny Méndez Barbosa, que fue testigo presencial de los hechos, un grupo de personas fuertemente armadas y algunas uniformadas llegaron a su vivienda en el municipio de Chiriguaná, las cuales lo identificaron como sindicalista de la empresa y luego lo asesinaron.
Este hecho generó zozobra en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustible y Energética -Sintramienergética-., debido a que Méndez era uno de los más importantes activistas de la organización. El asesinato se enmarcó dentro de las múltiples formas de violencia antisindical en el norte del país, que empezó con amenazas individuales y colectivas que luego se materializaron en asesinatos de líderes sindicales que tenían como último fin el exterminio de este sujeto colectivo.
La Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- y PAX Colombia seguirán insistiendo para que estos casos sean acumulados en la Fiscalía y de esta manera se puedan esclarecer los patrones de criminalidad en las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron contra líderes sindicales de Sintramienergética- en el corredor minero del Cesar.
Comisión Colombiana de Juristas y PAX Colombia