Litigio penal

Imponen medida de aseguramiento contra el ex General Mauricio Santoyo por las desapariciones de dos defensores de derechos humanos

El 6 de octubre del año 2000 Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, activistas y defensores de Derechos Humanos, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos –ASFADDES- (Seccional Medellín), fueron retenidos por hombres fuertemente armados en el centro de la ciudad de Medellín. Desde ese momento están desaparecidos. Claudia Patricia y Ángel José se habían incorporado a ASFADDES para denunciar y buscar a sus familiares desaparecidos y asesinados por grupos paramilitares y agentes de la fuerza pública.

En virtud de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación en el momento de la desaparición forzada de los dos activistas, se determinó que la línea telefónica fija de la organización estaba interceptada ilegalmente por una orden falsa de un Fiscal adscrito al GAULA Urbano de Medellín.  A raíz de este hecho, se descubrió la más grande operación de interceptaciones ilegales por parte de esa unidad policial, actividad delictiva que se inició al mando del comandante Regional del Gaula de la Policía en Medellín, Mauricio Santoyo Velasco, bajo cuya dirección se produjo el periodo con mayor auge de estos crímenes debido al aumento de la capacidad operativa.

Tras la decisión de la justicia estadounidense de procesar al entonces general (r) Mauricio Santoyo Velasco en 2012 por su apoyo a las Autodefensas Unidas de Colombia, una organización catalogada por el Departamento de Estado como terrorista, en octubre de 2013 se decide vincularlo formalmente al caso de los activistas de ASFADDES. Transcurrieron aproximadamente 6 años en los cuales existieron distintas negativas por parte de Santoyo Velasco de acudir a la justicia colombiana por estos hechos.

El 18 de abril del año en curso la Comisión Colombiana de Juristas en representación de las víctimas, tras muchos años de insistencia en la búsqueda verdad y justicia, pero también basada en los elementos de prueba existentes en la investigación, solicitó a la Fiscalía que, con la inminente llegada al país de Mauricio Santoyo tras ser deportado de Estados Unidos, se le impusiera medida de aseguramiento y se garantizara su comparecencia, debido a su renuencia a responder ante la justicia colombiana. Decisión que celebran las víctimas, como una puerta de esperanza para establecer la verdad sobre las desapariciones forzadas de Quintero y Monsalve.

Igualmente se solicitó que se declararan estos hechos como un crimen de lesa humanidad, en un contexto de persecución y asesinatos a defensores y defensoras de Derechos Humanos y líderes de oposición, ya que las interceptaciones ilegales del GAULA urbano de Medellín fueron determinantes para llevar a cabo estos delitos.

De otra parte, Santoyo Velasco también es requerido como testigo en el proceso adelantado por el homicidio del periodista Jaime Garzón, donde el exgeneral fue acusado de desviar la investigación en sus inicios y además de participar en el secuestro y desaparición de los sicarios que perpetraron el crimen.

Bogotá, 29 de abril de 2019.

Comisión Colombiana de Juristas.