Litigio internacional y contencioso administrativo

Organizaciones de la sociedad civil denuncian la grave situación de las personas defensoras de DD.HH. en América Latina

En el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA, 8 organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expondrán sus preocupaciones sobre la crítica situación de las personas defensoras de derechos humanos en el continente, con un enfoque particular en  Colombia, y las soluciones que podrían desarrollarse o mejorarse para asegurar el futuro de este colectivo.  Esto se realizará en un panel de personas expertas en el tema, denominado “Defensores y defensoras bajo ataque”, el próximo miércoles 26 de junio a las 2:00 p.m. en el auditorio del Paraninfo de la Universidad de Antioquia en Medellín.

¿Qué falta para proteger a quienes defienden los derechos en la región y en Colombia?

América Latina es la región más peligrosa del mundo para defender los derechos humanos. En 2018, 321 defensores/as de DD.HH. fueron asesinados en el mundo y el 75% de estos ataques ocurrieron en el continente americano. Dentro de los países más destacados por los altos índices de violencia figura Colombia. Después de más de cinco décadas de conflicto armado interno, las personas defensoras en este país continúan luchando porque el Estado garantice los derechos de sus comunidades, por la paz y por sus propias vidas. Las amenazas, agresiones y ataques en contra de personas defensoras son un patrón constante dentro del país. En 2018, de acuerdo al informe de Somos Defensores, 155 personas de este colectivo fueron asesinadas en Colombia.

Para hacer frente a dicha coyuntura, el gobierno de Iván Duque anunció un “Plan de Acción Oportuna para la Prevención y Protección de Defensores/as de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Colectivos/as y Periodistas (PAO)”, en noviembre de 2018.  Sin embargo, en el año 2019 la problemática se ha exacerbado, aumentando el riesgo en el trabajo de defensa de derechos humanos en Colombia.

Frente a esta situación, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia expresó su alarma ante el deterioro de la problemática, después de reportar que en los primeros cuatro meses de este año actores de la sociedad civil e instituciones estatales han denunciado 51 asesinatos de personas defensoras. Asimismo, es importante resaltar que los ataques y asesinatos son selectivos y no indiscriminados. Existe una fuerte correlación entre estas violaciones y la condición socioeconómica de las víctimas, así como su ubicación geográfica, pues en su mayoría pertenecen a zonas rurales y se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Uno de los principales impulsores de esta problemática, en Colombia al igual que en otros países de la región, es la perpetua impunidad en la que permanecen tales actos de violencia, lo cual evidencia la necesidad, pero sobre todo la obligación de los Estados del continente y en especial de Colombia, de atender esta grave situación.

En ese sentido, de cara a la Asamblea General de la OEA será clave exigir que los Estados desarrollen e implementen políticas públicas para abordar de forma integral los delitos cometidos contra defensores y defensoras, considerando las causas estructurales de la violencia, y con suficiente apoyo financiero y político para así garantizar la protección eficaz y la promoción del trabajo de dicho colectivo. Defender el derecho a defender los derechos humanos debería ser una prioridad nacional, regional e internacional. También es urgente que se realicen investigaciones adecuadas de las amenazas, hostigamientos y agresiones cometidas en contra de las personas defensoras de derechos, así como la investigación y sentencia de los culpables de asesinarlas.

Corporación Jurídica y Libertad, -CJL, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR, Comisión Colombiana de Juristas -CCJ, Corporación Sisma Mujer, Consultoría para los Derechos Humanos -CODHES, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL, y Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos -WOLA.

Bogotá, 25 de junio de 2019.