Litigio penal

Masacre de Las Palmeras
Después de 28 años de impunidad, las víctimas acuden a la JEP en busca de verdad y justicia

El 23 de enero del año 1991 en la Escuela Rural Mixta de Las Palmeras, ubicada en la vereda Villanueva, municipio de Mocoa (Putumayo), fueron asesinados: Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, Julio Milciades Cerón Gómez, Edebraes Cerón Rojas y William Hamilton Cerón Rojas, y una persona sin identificar a quien los procesos judiciales se han referido como “N.N. Moisés”, tras el accionar conjunto de la Policía y el Ejército Nacional, en lo que inicialmente presentaron como un operativo legítimo en contra de grupos guerrilleros que operaban en la zona.  Esta versión de los hechos fue desvirtuada por sentencias proferidas tanto por el Consejo de Estado como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH-, el Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en el marco de las cuales se estableció la responsabilidad del Estado colombiano por el actuar de sus agentes y se hizo evidente la calidad de civiles que ostentaban las víctimas, que fueron vilmente asesinadas por la fuerza pública.

Hasta 2002, año en que se profirió la sentencia internacional que ordenó las reparaciones en este caso, el proceso penal estuvo rodeado de obstrucciones. Solamente hasta el año 2006, a través de una decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fueron hallados responsables tres de los policías involucrados en los hechos, siendo estos los únicos condenados por la masacre hasta el día de hoy.  Además, las actividades tendientes a ubicar e identificar a “N.N. Moisés” han sido exiguas e infructuosas, pues a la fecha no se sabe la identidad de dicha persona ni la de sus familiares, desconociéndose así parcialmente las órdenes impartidas por la Corte IDH hace ya 17 años.

Teniendo en cuenta que se trata de uno de los primeros casos del fenómeno de asesinato de civiles falsamente presentados como bajas en combate conocidos en el país, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se vislumbra como el espacio propicio para esclarecer la verdad de lo acontecido e impulsar las labores de investigación, juzgamiento y sanción de los principales responsables.

Es por ello que la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) en representación de los intereses y de los derechos de los familiares de las víctimas, aunado al objetivo de contribuir a  dilucidar los criterios que rodearon las dinámicas de los crímenes de Estado desde antaño, el 12 de septiembre de 2019 presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- el informe de responsabilidad que involucra a los policías y militares que participaron en los atroces hechos conocidos como la “Masacre de Las Palmeras”.  Se solicita a dicha instancia inquirir en la cadena de mando, con el fin de valorar la presunta participación de los entonces comandantes de la Policía y del Comando Específico del Ejército del departamento del Putumayo para la fecha: los coroneles Pedro Pablo Linares Peña y Jesús Antonio Bohórquez Mora, respectivamente.

Bogotá, 12 de septiembre de 2019
Comisión Colombiana de Juristas