Litigio en tierras y derechos territoriales

La Comisión Colombiana de Juristas rechaza la violencia contra los pueblos indígenas y se suma a los llamados urgentes para detenerla
Comunicado público

La Comisión Colombiana de Juristas manifiesta el profundo rechazo y dolor ante la sistematicidad de los asesinatos de autoridades políticas y espirituales de los pueblos indígenas, miembros de la guardia indígena y comuneros en diferentes regiones del país, los cuales tienen efectos colectivos sobre la lucha de reclamación de derechos territoriales que acompañamos como organización de la sociedad civil.

Según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, desde la posesión del Presidente Iván Duque han sido asesinados 125 integrantes de los pueblos indígenas, asesinatos que se  han intensificado recientemente con la ocurrencia el pasado 28 de octubre del intento de encubrimiento por parte del Batallón de Alta Montaña No. 8 del Ejército tras el asesinato del comunero indígena Flower Yain Trompeta Pavi en el municipio de Corinto, departamento del Cauca; así como también con los hechos ocurridos el 29 de octubre donde se cometió la masacre en el territorio de Tacueyó, Cauca, en la cual fueron asesinados la Autoridad Ne’jwe’sx Cristina Bautista y cuatro Guardias Indígenas: Asdrúval Cayapu, Eliodoro Finscué, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto.  Adicionalmente, el 31 de octubre en el Resguardo Polines, ubicado en la región de Urabá, municipio de Chigorodó, Anitoquia, fue asesinado el Guardia Indígena Emberá Eyábida Gilberto Domicó Domicó; así como también el Mayor médico tradicional, Taita Pedro Jamioy y su compañera, Rosa Jacanamejoy, pertenecientes al Pueblo Kamentsá en el municipio de Sibundoy, Putumayo.

En el contexto actual de recrudecimiento del conflicto armado colombiano, la desidia estatal en la implementación de los Acuerdos de Paz (en especial del Capítulo Étnico) ha comprometido fuertemente la posibilidad real de garantías de reparación y no repetición a las víctimas. Los 104 pueblos indígenas que habitan el territorio nacional se encuentran en grave riesgo de exterminio físico y cultural, y no sólo los 34 pueblos declarados en esta condición por la Corte Constitucional en virtud del Auto 004 de 2009. Todo esto se enmarca en un  plan de actores armados indeterminados que quieren aniquilar a los pueblos indígenas, desencadenando un genocidio.

Se requieren acciones urgentes, contundentes y articuladas que reconozcan la enorme vulnerabilidad de los pueblos indígenas, la pérdida inmaterial que para las comunidades  supone la eliminación de sus autoridades tradicionales y el debilitamiento organizativo, y que el Gobierno Nacional manifieste voluntad política para frenar el genocidio y  tome las medidas necesarias para atender la crisis humanitaria, blindar la restitución de tierras, asegurar la protección de territorios ancestrales y medidas de formalización y saneamiento de los resguardos indígenas, implementar planes reales de protección colectiva y de fortalecimiento a los sistemas propios de guardianía.  También es necesario que se ponga fin a las amenazas que los megaproyectos e intereses extractivos minero-energéticos representan para los territorios indígenas, y se garantice la consulta previa, libre e informada que permita a los pueblos indígenas vivir en paz de acuerdo con sus costumbres, leyes de origen y derecho propio.

Apoyamos la movilización del movimiento indígena colombiano que ha anunciado la reactivación de las mingas para el mes de noviembre, y exigimos que el Estado evite la estigmatización y los señalamientos y defienda la vida tanto de las autoridades étnicas como de los comuneros, entendiendo su responsabilidad por acción u omisión en la salvaguarda de los derechos fundamentales que le compete proteger.  

Comisión Colombiana de Juristas

Bogotá, 1 de noviembre de 2019