Dirección

Que cese la persecución a la protesta social
Paro Nacional, 21 de noviembre

La Comisión Colombiana de Juristas rechaza los múltiples allanamientos que se han adelantado en viviendas de líderes y lideresas estudiantiles de las universidades Pedagógica, Distrital, Javeriana, Externado y Nacional y de líderes sociales que hacen parte del Congreso de los Pueblos y artistas de colectivos, como Puro Veneno, entre otros. Estos procedimientos configuran actos represivos y de persecución contra las personas que están promoviendo la legítima movilización ciudadana convocada para el próximo jueves 21 de noviembre.

Este tipo de actos que restringen el derecho constitucional a la protesta social (reconocido en la Constitución Política de Colombia, que dispone en su artículo 37 que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”), no pueden sustentarse en especulaciones de autoridades de militares y de policía en torno a eventuales actos violentos a cometerse el 21 de noviembre, máxime cuando amplios sectores que han promovido la movilización han manifestado que se trata de un acto pacífico en rechazo a las reformas laborales del actual Gobierno, los asesinatos de líderes y lideresas sociales, y el desfinanciamiento de la educación pública, entre otras demandas.

Tampoco debe insistirse en el argumento de que la protesta social riñe con la seguridad ciudadana. Protestar esencialmente implica la existencia de acciones pacíficas que son disruptivas del orden cotidiano, que tienen como objetivo llamar la atención frente a la indiferencia del Gobierno nacional y del resto de la ciudadanía respecto a la ausencia de garantías para el ejercicio de derechos de ciertos sectores de la población. Por tanto, debe armonizarse desde una perspectiva de integralidad de derechos la posibilidad de movilizarse con la obligación estatal de brindar seguridad, sin que se restrinja o persiga la protesta social.

Hacemos un llamado a las autoridades civiles y militares, en especial a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que garanticen el debido proceso y los demás derechos fundamentales de quienes fueron víctimas de los allanamientos denunciados, así como de las personas y organizaciones que participaremos en la movilización el próximo jueves 21 de noviembre.  A los organismos internacionales de derechos humanos y demás organizaciones sociales las alentamos a seguir monitoreando y denunciando este tipo de situaciones.  

Comisión Colombiana de Juristas
Noviembre 20 de 2019