Incidencia Internacional

Represión de la protesta durante el Paro Nacional y persistencia de múltiples formas de tortura y malos tratos, principales conclusiones de la visita de la OMCT a Colombia

Ginebra-Bogotá, 19 de diciembre de 2019. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Coalición Colombiana contra la Tortura (CCCT)[1] concluyen la misión de evaluación sobre el cumplimiento de las recomendaciones internacionales formuladas a Colombia por el Comité contra la Tortura de la ONU en 2015, la cual incluyó hacer seguimiento al desarrollo del Paro Nacional que inició el pasado 21 de noviembre.

Del 18 de noviembre al 18 de diciembre del presente año, una delegación internacional de la OMCT acompañada por integrantes de la CCCT, visitó Colombia y sostuvo reuniones con representantes del Gobierno colombiano y de otras instituciones del Estado, con víctimas de tortura y con organizaciones no gubernamentales. La delegación también visitó los establecimientos penitenciarios de Bogotá “La Picota” y “El Buen Pastor”. Además, pudo hacer seguimiento al desarrollo de varias jornadas del Paro Nacional, comprobando de primera mano la respuesta de las autoridades ante el ejercicio del derecho a la protesta de las y los ciudadanos.

Concluida la misión, la delegación quiere hacer especial hincapié en que durante las jornadas de paro nacional se evidenció la criminalización de la protesta y un uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de las autoridades colombianas. Días previos al 21 de noviembre se presentaron cerca 37 allanamientos a residencias y oficinas de integrantes de medios de comunicación y colectivos de artísticos, según las mismas autoridades judiciales 21 de estos allanamientos se declararon ilegales.

De igual manera, durante las protestas se hizo un uso indiscriminado de las detenciones administrativas y judiciales. Según la Campaña defender la libertad un Asunto de Todas, se presentaron 1138 detenciones, de las cuales 57 fueron con fines de judicialización y 1081 se dieron bajo la figura de traslado por protección. Esta medida en su mayoría se usó de manera deliberada contra los manifestantes sin cumplir con los requisitos legales para aplicar dicha medida, gran parte de estos traslados se hicieron con el fin de amedrantar y castigar la participación en protestas.

A su vez el uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios y otras fuerzas de policía dejo 4 personas muertas, entre ellas a Dilan Mauricio Cruz, un joven de 17 años que murió luego de que un agente del ESMAD le dispara directamente a la cabeza a poca distancia con una escopeta calibre 12 tipo “bean bag”. Según los reportes de la Campaña, se han registrado más de 300 heridos, 12 de ellos han perdido la vista o uno de sus ojos. También se han presentado cerca de 7 casos de tratos crueles inhumanos o degradantes, en los cuales se hizo uso de la desnudes forzada y de requisas invasivas por parte de la Policía. Particularmente se documentó que al interior de CAIs de policía se infringieron Tortura física y psicológica a 2 ciudadanos, dejando secuelas de gravedad como extremidades fracturadas, lesiones en la piel por la aplicación de electroshock y traumas psicológicos derivados de la promesa real y creíble de incineración a uno de estos ciudadanos.

Rechazamos también los actos de vandalismo que se produjeron durante estos días, pero que, en ningún caso, deben de ser utilizados por las autoridades como justificación para criminalizar la protesta social o para generar miedo u odio frente a aquellos que ejercen su derecho.

“Frente al derecho a la protesta social, Colombia tiene, obviamente, la obligación de garantizar la seguridad y salvaguardar el orden público. Pero esto significa permitir y garantizar la seguridad de las personas que se manifiestan, aislando los hechos de violencia. El uso de la fuerza debe ser un último recurso, necesario y proporcional. Nos preocupa que durante el trascurso de las marchas del 21 de noviembre y durante los días siguientes en que siguieron las concentraciones, este uso fue abusivo y en muchos casos buscó impedir el ejercicio de las protestas. Las fuerzas armadas emplearon armas no letales contra las y los manifestantes aún sin mediar ataque alguno, contraviniendo no solo los estándares de derecho internacional sino también su propia normativa interna”, destacó Teresa Fernández Paredes delegada de la OMCT en Colombia.

Por otra parte, muchos de los retos ya identificados en anteriores misiones al país y resaltados de igual manera por el Comité de la Tortura en sus últimas observaciones a Colombia, continúan sin abordarse de manera decidida. Queremos recalcar la persistencia de la deplorable situación carcelaria, donde sigue urgiendo la implementación de medidas para reducir el hacinamiento el cual alcanza un 54%. Así mismo se necesario garantizar el acceso a la prestación de servicios de salud –incluida la salud sexual y reproductiva, especialmente de las mujeres privadas de libertad- y a una alimentación adecuada, y restringir el uso de las celdas de aislamiento por largos periodos de tiempo.

La misión valora positivamente la actuación de la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Medicina Legal para intentar garantizar la efectividad del mecanismo interno de denuncia de hechos de tortura en los centros penitenciarios, pero le preocupa la limitada cobertura y que los casos identificados por el mecanismo de denuncia no hayan tenido mayor avance en su investigación y que, desde 2017, no haya habido ninguna imputación o condena a los responsables de dichos actos, perpetuando así la impunidad. Incluso en casos tan graves como el de Adriana Paola Bernal mujer privada de la libertad que falleció en la cárcel de Jamundi en 2015, luego de ser aislada de manera irregular, actualmente se encuentra archivada la investigación por la Fiscalía General de la Nación. Es, además, motivo de profunda preocupación que dicho mecanismo haya estado financiado en su mayor parte por fondos de cooperación internacional en lugar de presupuesto estatal y en la actualidad se encuentre en duda su continuidad.

“Queremos reiterar al Estado colombiano que sería de mucha utilidad contar con un mecanismo independiente y eficaz para la investigación de denuncias y malos tratos de las personas privadas de la libertad, tal y como los que propone del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura”, declaró Oscar Ramírez de la Coalición Colombiana Contra la Tortura.

Por último, consideramos fundamental el esfuerzo que realizan las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), para visibilizar los actos de tortura y los malos tratos cometidos durante el conflicto armado colombiano. Felicitamos especialmente el esmero con el que se busca abordar todas las dimensiones particulares de la tortura contra mujeres, niñas o personas LGBTI.

“La tortura es uno de los crímenes internacionales más graves, así como una vulneración de derechos humanos, por lo que esperamos que las autoridades colombianas asuman el compromiso de no invisibilizar este delito. Esperamos que dispongan todos los medios necesarios para garantizar que los actos de tortura son investigados, los responsables castigados y las víctimas adecuadamente reparadas”, reiteró Teresa Fernández, representante de la OMCT.

La Organización Mundial contra la Tortura y la Coalición Colombiana contra la Tortura esperan compartir los análisis y conclusiones de esta Misión con el Comité contra la Tortura durante su próxima revisión a Colombia.

[1] La Coalición Colombiana Contra la Tortura está conformada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos – ASFADDES-, Centro de Atención Psicosocial –CAPS-, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR-, Comisión Colombiana de Juristas – CCJ-, Corporación AVRE -, Corporación REINICIAR, Corporación Vínculos, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos – FCSPP- y la Organización Mundial Contra la Tortura – OMCT-.