Litigio penal

Comunidad Wayúu de Bahía Portete: 16 años después de una masacre anunciada

El domingo 18 de abril de 2004, bajo el sol impetuoso del desierto guajiro, más de 100 hombres vestidos de militares y civiles pertenecientes al grupo paramilitar dirigido por José María Barros Ipuana, alias “Chema Bala”, y Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”, incursionaron en el territorio Wayúu de Bahía Portete. Al ver a sus familiares asesinados y desaparecidos, y sus rancherías y tierras sagradas profanadas por los metales candentes, más de 600 personas de la comunidad debieron desplazarse forzadamente, sin destino fijo.

A pesar del previo aviso que dieron algunos líderes a las autoridades del Estado en relación con el peligro que se cernía sobre la comunidad, la omisión estatal fue absoluta y la masacre prevista, una realidad, así como el éxodo y la dispersión de la población hacia diferentes zonas del país, e incluso hacia Venezuela. Aun así, los líderes y lideresas de la comunidad –Victoria Elena Ballesteros Epinayú, representante para el momento de la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu Akotchijirrawa de Portete, Nicolás Ballesteros Epinayú, Rolan Fince Uriana, entre otros–, desde el primer momento, pugnaron por que se hiciera justicia, la cual empezó a materializarse el 7 de diciembre de 2017, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de una acción de grupo presentada por la Comisión Colombiana de Juristas en 2006, profirió sentencia de segunda instancia en la cual condenó al Estado por el desplazamiento forzado de 490 personas pertenecientes a la comunidad, acaecido como consecuencia de la masacre de Bahía Portete.

El presente y futuro de la comunidad de Bahía Portete, a pesar de su reconocimiento como víctima, es turbio. Se le ha sometido a un abandono en el que imperan condiciones adversas de supervivencia caracterizadas por la escasez de agua, tan importante en la zona, y de servicios públicos básicos. Por esa misma razón, a gran parte de la comunidad le ha sido imposible el retorno a sus tierras ancestrales, en donde reposan sus muertos, y han debido conformarse con edificar una vida en el lugar al que se dirigieron tras el desplazamiento, o en lugares aledaños, como Uribia o Maicao. Resulta paradójico que el reconocimiento de la comunidad como víctima, por el cual deberían recibir una atención especial, se traduzca en una mayor indiferencia por parte del Estado.

Pero la comunidad ha emergido de un aciago pasado y del olvido, sorteando todas las dificultades que se han presentado. Sabe cuál es el sendero a recorrer y, a pesar de los obstáculos y del cansancio, está dispuesta a seguir abriendo camino; quizá más adelante, en medio de aquel desierto, encuentre un oasis.

El pasado es la sustancia de que el tiempo está hecho, dijo Borges. Son los recuerdos los que colman el presente, son los sucesos que golpearon el pasado los que, a pesar de querer ser ocultados en la amnesia común, luchan por pervivir en el tiempo. Sin esa lucha, que desde hace 16 años han dado los miembros de la comunidad Wayúu de Bahía Portete, el hoy sería ajeno a ese 18 de abril de 2004 en que una masacre golpeó con ímpetu a la población. Aquel día ha de recordarse, de conmemorarse con el profundo anhelo de que sucesos de tal ruindad jamás vuelvan a repetirse ni allí ni a lo largo del país.

Comisión Colombiana de Juristas
17 de abril de 2020