Litigio internacional y contencioso administrativo

Se cumplen 20 años de los hechos que llenaron de dolor y terror a la comunidad de Sabaletas
#SabaletasResistiendo20Años

En la madrugada del 11 de mayo de 2000, un grupo de ochenta paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), después de pasar varios retenes del Ejército Nacional y la Infantería de Marina, irrumpieron en el corregimiento No. 8 del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. Con lista en mano asesinaron a Pastor Emilio Molano Rendón, Luciano Camacho Rentería, Alexis Trujillo Tello, Miguel Ángel Valencia Vallejo, Jhon Jairo Valencia Vallejo, Ceneida Torres Riascos, Georgina Riascos Riascos, Rubén Darío Mina Viveros y Luis Carlos Rendón Orozco. Además, secuestraron y desaparecieron forzadamente a Yuri Banguera (tan solo un adolescente para esa época), Gonzalo Ordóñez y Jesús Vicente Díaz Valencia.

En estos hechos también resultaron lesionadas varias personas. Fue de tal magnitud el terror de los pobladores de esta región a orillas del río Anchicayá, que aproximadamente 3.200 personas se desplazaron forzadamente.

Ninguno de los procesos judiciales que se adelantan actualmente por la masacre de Sabaletas ha satisfecho el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, derechos que adeudan los responsables y el Estado colombiano desde hace 20 años, y que hoy, más que nunca, se tornan urgentes y prioritarios.

A pesar del paso de los paramilitares por los retenes del Ejército y la Infantería de Marina, hoy en día no se ha esclarecido por parte de la Fiscalía la responsabilidad de los integrantes de la fuerza pública en la planeación y ejecución de la masacre.

En diciembre de 2016, y después de incansables luchas por parte de los familiares de las víctimas, que incluyeron la presentación de una acción de tutela por sus derechos a la verdad y a la justicia, los restos óseos de Yuri Banguera y Gonzalo Ordóñez fueron identificados y entregados a sus familias por parte de la Fiscalía General de la Nación, con el acompañamiento de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Lastimosamente, dicha diligencia tuvo errores en su realización y resultó revictimizante para los familiares, debido a la falta de concertación y consenso con los familiares durante el proceso.

En relación con la emergencia que vive nuestro país por el Covid-19,[1] medidas de reparación en salud, tanto física como psicosocial, son indispensables para la comunidad de Sabaletas y los demás caseríos que comprenden el corregimiento No. 8. Del mismo modo, se hacen urgentes garantías de seguridad alimentaria por la emergencia humanitaria y sanitaria, pues según líderes y lideresas de la zona, el abastecimiento de alimentos se ha restringido por la cuarentena nacional decretada por el gobierno, lo cual se agrega a la disminución de la capacidad productiva de la tierra y las dificultades de la comunidad en el sostenimiento de los cultivos de subsistencia debido a aspersiones de glifosato realizadas por la fuerza pública en años anteriores. 

Este déficit de protección de los derechos de las víctimas llevó a la Comisión Colombiana de Juristas a presentar una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en marzo de 2019. Esta petición tiene como fin que se declare responsable internacionalmente al Estado colombiano, tanto por acción como por omisión, de la violación a los derechos humanos sufrida por las víctimas y sus familias.

Esta petición enfatiza los duros golpes que ha recibido la comunidad con el pasar de los años, no solo lo sufrido en la masacre del año 2000, sino que tres años después, el 14 de junio de 2003, fueron asesinadas seis personas más, por lo menos doce resultaron lesionadas y una vez más la población se vio obligada a desplazarse forzadamente. En esa oportunidad los responsables fueron integrantes del Bloque Calima de las AUC en connivencia con integrantes de la fuerza pública.

La Comisión Colombiana de Juristas hace un llamado a que los derechos a la verdad, justicia, reparación, y sobre todo las garantías de no repetición de las víctimas de las masacres de Sabaletas, sean garantizados por el Estado colombiano, particularmente por el contexto que enfrenta hoy en día esta comunidad afrocolombiana, tanto por la emergencia sanitaria, social y económica a causa del covid-19, como por la disputa territorial de las diferentes organizaciones armadas que hacen presencia en la zona, amenazando gravemente los derechos de estas personas.

Comisión Colombiana de Juristas
11 de mayo de 2020

[1] Ver, https://www.coljuristas.org/sala_de_prensa/articulo.php?id=296

Fotografía: Fundación Entrelazando el Tejido Social desde el Territorio - FUNDETEST en colaboración para la CCJ.