Litigio en tierras y derechos territoriales

La Avianca, 21 años de memoria y lucha por la tierra

El 5 de junio de 1999 las Autodefensas Unidas de Colombia reunieron a la población de la vereda La Avianca, en el municipio de Pivijay, Magdalena, y amenazaron de muerte a líderes campesinos que fueron señalados de ser cómplices de la guerrilla. Estas amenazas, junto con el posterior homicidio de la inspectora de policía del corregimiento de Salaminita, ocasionaron el desplazamiento forzado de más de treinta familias que llevaban una década esperando la titulación de sus parcelas por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora).

A principios de los años noventa, el entonces propietario de las 600 hectáreas que conforman La Avianca, Daniel Sánchez, autorizó el ingreso de las familias campesinas para que trabajaran la tierra e inició negociaciones con el Incora para venderle la tierra al Estado para que esta fuera adjudicada a quienes efectivamente la trabajaban. Las negociaciones y la titulación se vieron truncadas por el actuar de los paramilitares y por las dudas respecto a la condición de privados o baldíos de los predios La Gloria, El Alivio y El Para Ver.

Casi una década después del desplazamiento, en el año 2008, los campesinos de La Avianca –vianqueros- retornaron a sus fincas con el propósito de retomar sus proyectos de vida, encontrándose con nuevas personas que habían llegado a la vereda años antes, oriundos del municipio de Fundación y con un proceso judicial impulsado por los herederos de Daniel Sánchez para recuperar la tenencia del inmueble. Ello no fue obstáculo para que los vianqueros reconstruyeran sus casas, volvieran a cultivar la tierra, recuperaran sus animales y emprendieran un proyecto asociativo para vender insumos agrícolas, todo esto en una tierra que siempre han sentido como suya.

Los obstáculos para vivir en el territorio

Cuando comenzó el proceso de restitución de tierras en Colombia, en el año 2011, la Unidad de Restitución de Tierras decidió incluir a la familia Sánchez, a los Vianqueros y a los Fundanenses como víctimas sucesivas de abandono forzado de los predios La Gloria, Para Ver y El Alivio. Esto significa que el juez de restitución de tierras debe decidir a quién restituir y a quiénes compensar con otra tierra.

A pesar de la presencia y explotación que por más de 30 años vienen ejerciendo los Vianqueros sobre los predios, el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta decidió restituirlos a la familia Sánchez, por ser el primer grupo que radicó demanda, sin tomar decisiones sobre los demás solicitantes y negando solicitud de acumulación presentada por la Comisión Colombiana de Juristas en representación de los Vianqueros.

La sentencia que ordena la restitución de tierras a favor de la familia Sánchez fue objeto de una tutela interpuesta por la CCJ al considerarse que vulneraba el derecho fundamental al debido proceso, la vivienda y el trabajo de los campesinos que viven allí.  En primera instancia el Tribunal de Cartagena protegió los derechos fundamentales ordenando la nulidad del fallo; sin embargo, la Corte Suprema revocó la decisión el 15 de febrero de 2018, negando la tutela. 

En sede de revisión, la Corte Constitucional dio la razón y ordenó anular las sentencias del juzgado primero para que, en su lugar, acumulara en un mismo expediente todas las solicitudes de restitución que hay sobre los pedios La Gloria, Para Ver y El Alivio y las remitiera al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena para su fallo.

Al día de hoy se están recabando pruebas decretadas de oficio por las magistradas del Tribunal de Cartagena. Tras cinco años de proceso judicial todos los intervinientes estamos en espera de una decisión que se ajuste a los estándares de derechos humanos y que no sólo repare integralmente a las víctimas del conflicto, sino que respalde las acciones que por cuenta propia las familias campesinas han emprendido para retomar sus proyectos de vida.

Comisión Colombiana de Juristas
Junio 6 de 2020