Tierras

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Treinta años de las adjudicaciones en Macaraquilla y la imposibilidad de vivir en el territorio

Sábado 06 de junio de 2020

Hace treinta años, el 6 de junio de 1990, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA– adjudicó los predios Santa Bárbara y El Porvenir a más de treinta familias campesinas que venían explotando la tierra y reclamando su propiedad por más de seis años. El proceso de adjudicación continuó en otros predios cercanos de la vereda Macaraquilla (municipio de Aracataca, en el departamento del Magdalena) y representó un avance significativo en la reivindicación de los derechos de las y los campesinos del caribe colombiano. 

Sin embargo, desde 1995 diversos actores armados disputaron el control territorial del eje Fundación–Aracataca–Chibolo generando desplazamientos masivos en los años 1996, 2000 y 2006. La de Macaraquilla se convirtió, entonces, en una dinámica de escalamiento de la violencia y, de forma paralela, fortalecimiento de los procesos de asociación y resistencia campesina.

Para el año 2000 el control de las Autodefensas Unidas de Colombia, encabezadas por alias “Jorge 40”, “Cinco siete” y “Siete uno”, se consolidó en la región, trayendo consigo amenazas contra los liderazgos campesinos y los profesores, asesinatos selectivos, actos de tortura, violencia sexual y desplazamientos forzados. Al abandono de tierras al que fueron forzados los campesinos, le siguieron las ventas de las parcelas a particulares y al grupo empresarial DAABON.

Durante el proceso en su contra en el marco de la Ley de Justicia y Paz, “Jorge 40”, padre del hoy coordinador del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado -GAPV- del Ministerio del Interior, se abstuvo de aceptar su responsabilidad por la totalidad de los crímenes cometidos contra los pobladores de Macaraquilla, faltando al compromiso de aportar a la verdad y evadiendo su responsabilidad en la reparación de esta comunidad.

30 años después de la adjudicación de esos predios, el proceso de restitución de tierras que se encuentra en trámite es un reflejo de las complejidades de este tipo de disputas judiciales: campesinos víctimas de la violencia del país reclaman parcelas que actualmente son propiedad de terceros, varios de ellos propietarios de más predios en el departamento del Magdalena y con probada solvencia económica, y otros que llegaron años después del abandono de tierras desplazados de otras regiones de la Costa Atlántica. En estas tierras existen, también, intereses en materia petrolera sobre cinco parcelas.

En la actualidad, mientras el Tribunal Superior de Cartagena se encarga de resolver los problemas jurídicos que con tanta frecuencia surgen en este tipo de reclamaciones pero que tan poco desarrollo han tenido en la jurisprudencia de las altas cortes, las y los campesinos de la vereda Macaraquilla conmemoran un año más de persistencia, resiliencia y exigencia de reparación integral. Otro año que, como si se tratara de un grano de arena en un viejo reloj, nos advierte el paso de treinta largos años de esperanza por volver a la tierra.

La Comisión Colombiana de Juristas se une a esta conmemoración que, como no puede ser de otra forma, debe venir acompañada de exigencias para la no repetición y un compromiso serio por parte de la institucionalidad para hacer efectiva la reparación integral a las víctimas. 

Comisión Colombiana de Juristas
Junio 6 de 2020