Litigio penal

Se presenta informe a la JEP y a la Comisión de la Verdad sobre responsabilidad de agentes estatales en masacres de los Montes de María en 2000 y 2001

¿Cómo fue posible que los paramilitares cometieran diez masacres en un mismo territorio durante todo un año sin que la Fuerza Pública pudiera prevenirlas ni frenarlas? ¿Cómo se explica que en los Montes de María las AUC contaran con bases de operaciones como la hacienda El Palmar y, a pesar de que su ubicación fuera un secreto a voces, los agentes estatales no pudieran dar con este fortín paramilitar en los siete años en que estuvo operando el autodenominado Bloque Héroes Montes de María?

Estas y otras preguntas surgen del informe “El silencio de las gaitas: papel de la Fuerza Pública en masacres de Montes de María 2000-2001” que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar- y la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- presentarán el 9 de julio a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad -CEV-, en el que se documentan diez masacres que dejaron 175 víctimas mortales, ocurridas en los Montes de María entre los años 2000 y 2001 (Ovejas-Canutal, El Salado, Mampuján-Las Brisas–San Cayetano, Hato Nuevo, La Libertad, Curva del Diablo, Chinulito y El Cerro, Macayepo, Carmen de Bolívar y Chengue), todas ellas perpetradas por grupos paramilitares con presunta complicidad de agentes de la Infantería de Marina y la Policía Nacional. 

Si bien las masacres analizadas en dicho informe fueron perpetradas directamente por grupos paramilitares, oficiales de la Brigada Primera de Infantería de Marina -Biprima- bajo la comandancia del entonces Contraalmirante Rodrigo Quiñonez Cárdenas, y agentes de la Policía de Sucre y Bolívar, actuaron conjuntamente o con aquiescencia y complicidad, configurando una política de apoyo a la consolidación del paramilitarismo en esa región. Sin embargo, ha persistido un alto nivel de impunidad frente a los agentes estatales y actores civiles promotores, aliados y cómplices de los grupos paramilitares.

Históricamente, los Montes de María han sido un territorio estratégico por su posición geográfica que permite el tránsito entre el interior del país y la Costa Atlántica, y también por su potencial agroindustrial y ganadero.  En los años noventa, el paramilitarismo se consolidó en este territorio respaldado por los intereses de ganaderos, grandes propietarios de tierras y algunos políticos. Para 1996 ya existían siete estructuras paramilitares en esa región.

El informe tiene como contexto el período presidencial de Andrés Pastrana Arango, entre los años 1998 y 2002, cuando se ejecutaron el mayor número de masacres por parte de los grupos paramilitares en todo el territorio nacional. En los Montes de María, entre los años 1996 y 2003 las AUC perpetraron 42 masacres contra la población civil, además de actos de pillaje, tortura, violencia sexual, despojo de propiedades, desapariciones forzadas, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Como consecuencia de esto, hubo un desplazamiento forzado masivo de la población del que se aprovecharon los acumuladores de tierras. 

Por tal razón, el informe incluye dentro de sus solicitudes a la JEP que se llame a rendir versión voluntaria al entonces comandante de la Biprima, Contraalmirante retirado Rodrigo Quiñonez Cárdenas, y a varios de sus subalternos, así como a los entonces comandantes de la Policía de Bolívar y Sucre, General retirado Rodolfo Palomino López, Coronel retirado Normal León Arango Franco, Coronel retirado Carlos Eduardo Devia Gutiérrez y Coronel Mario Nel Flórez Álvarez, y a varios de sus subalternos.

Entre los elementos que permiten concluir que los altos mandos de la Infantería de Marina y la Policía de la zona son responsables por acción u omisión de las incursiones paramilitares en los Montes de María en los años 2000-2001, de los cuales existen indicios y evidencias, y que fueron analizados en el informe que se presenta a la JEP, están: el conocimiento previo del plan criminal por parte de las Fuerzas Armadas, las relaciones de estas con grupos ilegales, acuerdos (entre ambos bandos) previos a las masacres, el apoyo de la Fuerza Pública para la comisión de los delitos (mediante el suministro de munición, medicina, comida, información de inteligencia, entre otros), la participación directa de los oficiales en las operaciones y medidas inoportunas e ineficaces para enfrentar contundentemente a los ilegales.

El informe también analiza el modus operandi o los elementos que tuvieron en común las diez masacres documentadas que permiten concluir que no se trató de hechos aislados, como el perfil de las víctimas (en su mayoría población campesina de escasos recursos económicos y menores de edad), la utilización de guías y listas para señalar a las víctimas (que eran acusadas de relacionarse con grupos insurgentes), la existencia de bases paramilitares, la expansión del paramilitarismo que conllevó la inacción de la fuerza pública, el libre tránsito de estas tropas ilegales por el territorio y el desplazamiento masivo de la población luego de ocurridos los hechos.

El impacto de la violencia sociopolítica y el conflicto armado que describe el informe se evidencia en la dramática disminución del número de habitantes de esta región. Según el Sistema Único de Registro de Acción Social, 28.207 personas abandonaron los Montes de María en 2000, año de la masacre de El Salado.

Con la presentación de este informe se solicita a la JEP que abra un macrocaso sobre el papel de agentes de la fuerza pública en la consolidación del paramilitarismo en el país ejemplificado en esta y otras regiones. Asimismo, se pide que los hechos de las masacres documentadas sean declarados como crímenes de lesa humanidad.

Las víctimas de los Montes de María y las organizaciones que realizaron el informe insisten en la creación de una subcomisión de alto nivel de garantías de no repetición, articulada a la CEV, cuyo mandato consistiría en recibir, formular, evaluar y debatir propuestas de reformas, diseños institucionales y legales que den respuesta a las causas de la violencia política.

También exhortan al Gobierno nacional para que haga una depuración de las Fuerzas Armadas en relación con los miembros que estén involucrados en graves casos de violaciones a los derechos humanos, y al Congreso de la República para el establecimiento de un mecanismo independiente de control de ascensos de militares y policías que permita la participación de organizaciones de la sociedad civil y que impida el ascenso en la carrera militar de agentes implicados en crímenes contra los derechos de la ciudadanía.

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar- y Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- Bogotá, junio 8 de 2020

Consulte el micrositio del informe: https://coljuristas.org/elsilenciodelasgaitas/index.html

Reviva la presentación del informe ante la JEP y la CEV: https://www.youtube.com/watch?v=s_CdcGGn3yY&t=1192s