Litigio en tierras y derechos territoriales

Juez restituyó parcelación El Rosario en Azúcar Buena, Cesar

El pasado 13 de octubre del 2017, el Juzgado Segundo de Restitución de Tierras de Valledupar [1] restituyó la parcelación El Rosario a ocho campesinos propietarios y sus núcleos familiares, quienes en el año 2001 fueron víctimas de acciones violentas que produjeron el desplazamiento y abandono forzado de diez parcelas adjudicadas por el Incora en el año 1998. Se responsabiliza de los hechos a paramilitares del Frente Mártires del Valle de Upar adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas, bajo el mando de David Hernández Rojas alias "Treintainueve", un exmilitar oriundo de la región.

Desde 1996,  los corregimientos Sabanitas, Montañita, El Palmar y La Mesa entre otros, ubicados en la vereda Azúcar Buena jurisdicción de la ciudad de Valledupar, estuvieron bajo control paramilitar del Bloque Norte. De acuerdo con el contexto de violencia y pruebas del proceso, 500 hombres armados arribaron con la misión de "limpiar la zona de guerrilla", lo que conllevó asesinatos de civiles, amenazas, implementación de actividades de control social e incursiones armadas como la realizada en el mes de noviembre de 2001, en la cual hombres armados retuvieron a los parceleros durante varios días y les dieron un lapso 24 horas para abandonar las fincas y no volver "porque esas tierras no eran para pobres" (sic). A partir de ese momento, la parcelación El Rosario también conocida como El Mamón, ubicada en Sabanitas, se convirtió en la oficina principal de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la zona y hasta allí llegaron políticos, ganaderos, comerciantes, agricultores y campesinos para pagar vacunas y rendir cuentas al comandante paramilitar.

Dicho puesto de control se mantuvo aún después de la muerte de alias "Treintainueve", ocurrida en 2004 y funcionó hasta la desmovilización de los paramilitares en el 2006. Durante los años que funcionó allí la oficina paramilitar, se incrementaron las acciones de violencia  de tal manera que los habitantes fueron obligados a permanecer alejados de su territorio,  lo que significó la perdida de sus bienes materiales, la ruptura del tejido social, el truncamiento de sus proyectos de vida y la alteración de su tranquilidad.

La entrega material de estos predios y el cumplimiento de las órdenes de la sentencia se convierten en la posibilidad para que las familias victimas reconstruyan lo que la violencia y el horror les arrebataron y para que los hechos que ocurrieron en El Mamón, sean de conocimiento público y nunca más se vuelvan a repetir.

[1] Juzgado Segundo de Restitución de Tierras de Valledupar. Radicado No. 20001312100220150013200