Investigación

Frente a repudiable agresión perpetrada contra el dirigente campesino Arnobi Zapata y su familia, exigimos el cumplimiento de las medidas de protección ordenadas por instancias nacionales e internacionales

Bogotá – Montería, 7 de octubre de 2021.  La Comisión Colombiana de Juristas rechaza el atentado perpetrado ayer en contra del líder campesino Arnobi Zapata Martínez, en el que resultó lesionado su hijo. Esta es una nueva agresión que se suma a las múltiples y reiteradas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario de las que ha sido víctima Zapata en razón de su liderazgo campesino como coordinador de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR), presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) e integrante de Marcha Patriótica.

Hacia las 9 de la noche del 6 de octubre, en la ciudad de Montería, dos hombres armados intentaron ingresar al domicilio de este líder campesino y al no encontrarlo arremetieron contra su hijo, propinándole un golpe en la cabeza.

Arnobi es beneficiario de medidas cautelares otorgadas a dirigentes de Marcha Patriótica por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2018, y fue accionante de la tutela para exigir la protección efectiva del derecho a defender derechos, donde en 2020 le fue reconocida su situación de riesgo extremo y se dictaron órdenes específicas dirigidas a reforzar su esquema de seguridad. Sin embargo, ni la Unidad Nacional de Protección, ni la Unidad de Víctimas han cumplido hasta el momento con lo ordenado en el fallo.

La agresión demuestra la grave situación de riesgo que enfrentan Arnobi Zapata y su familia, así como los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en el departamento de Córdoba. Adicionalmente, este incidente evidencia las  falencias en la implementación de medidas de protección adecuadas a la gravedad de la situación y, en consecuencia, un incumplimiento del deber de garantía del Estado respecto de los derechos a la vida e integridad de las personas afectadas.  

Hacemos un llamado urgente a las entidades competentes para que se cumpla con lo contemplado por la CIDH en su Resolución 30/2018 medida cautelar No. 210-17. Así mismo, para que se cumpla con las órdenes dictadas por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Primera Civil de Decisión, en su sentencia de tutela del 11 de mayo de 2020.

Solicitamos al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Unidad de Víctimas, a la Gobernación de Córdoba, y a las Alcaldías de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré que implementen de manera inmediata, en relación con la Asociación Campesina del Sur de Córdoba – ASCSUCOR, las medidas previstas en el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los territorios (Decreto 660 de 2018), como organización priorizada para dicho programa.

Comisión Colombiana de Juristas