Litigio en tierras y derechos territoriales

Denuncian grave situación de derechos humanos en Magdalena por recrudecimiento de la violencia y desplazamientos forzados masivos

Santa Marta – Bogotá, 21 de abril de 2022.  Organizaciones sociales, de víctimas, campesinas, étnicas y academia denuncian el recrudecimiento de la violencia en el Magdalena, cuya población civil está en medio del fuego cruzado entre grupos armados legales e ilegales presentes en este territorio. En los últimos meses se han presentado homicidios, extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamientos forzados a pesar de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que advirtieron de los riesgos, las cuales fueron puestas en conocimiento de autoridades nacionales y territoriales.

Desde el pasado 15 de abril en la vereda La Secreta (Ciénaga, Magdalena) 253 núcleos familiares tuvieron que desplazarse de manera forzosa a causa de enfrentamientos en la zona entre los Pachencas y las AGC. En ese mismo territorio fue asesinado el hijo de un reconocido líder social. En Zona Bananera, pasados solamente siete días del mes de febrero, se habían cometido ya trece asesinatos.  El Clan del Golfo lanzó panfletos amenazantes en el municipio de Ciénaga donde aseguraban que iniciarán una “limpieza social contra extorsionistas, consumidores de droga, ladrones, entre otros”, intimidando a todos los pobladores y obligándolos a estar en sus casas a más tardar a las nueve de la noche.

En la Sierra Nevada de Santa Marta hubo un fuerte enfrentamiento entre los Pachencas y el Clan del Golfo, que condujo al desplazamiento forzado de la población del corregimiento de Palmor. El enfrentamiento ha propiciado el desplazamiento de familias Koguis asentadas en la parte alta de Ciénaga.

Los enfrentamientos el 19 de abril pasaron hacia la vertiente norte de la Sierra Nevada llegando al área rural de Santa Marta, parte alta del corregimiento de Guachaca, afectando a las comunidades Wiwa de la comunidad de El Encanto y las comunidades campesinas cercanas a Machete Pelado.

Estos hechos surgen principalmente a partir del especial interés de actores armados por fortalecer sus estructuras y mantener y/o aumentar el control territorial de las zonas, sobre todo las que representan cruces estratégicos y manejo de economías legales e ilegales, y al interés del total control sobre los derechos a la tierra y al territorio, al agua y a los recursos.  Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o Pachencas, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son los grupos armados ilegales en medio de esta disputa.

La Defensoría del Pueblo informó de estas situaciones al Ministerio del Interior y la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida de alertas tempranas (CIPRAT), mediante cuatro alertas tempranas estructurales: No.045-18 de mayo de 2018 en La Guajira: Dibulla; Magdalena: Ciénaga, Santa Marta; No.044-19 de octubre de 2019 en Magdalena: Santa Marta, Aracataca, Ciénaga, Fundación, Zona Bananera; No.012-21 de junio de 2021 en el Cesar: Astrea, Chimichagua, Tamalameque; Magdalena: El Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista; y No.006-22 de marzo de 2022 en el Magdalena: Algarrobo, Sabanas de San Ángel.

En las alertas se emitieron recomendaciones a la CIPRAT, Ministerio de Defensa Nacional, dirección de la Policía Nacional, gobernaciones, alcaldías, entre otros entes y autoridades, a fin de prevenir los riesgos identificados, sin que a la fecha se tenga conocimiento de parte de las instancias de seguimiento sobre la implementación de las medidas recomendadas, informes de seguimiento de las mismas o medidas institucionales efectivas que garanticen la seguridad e integridad de la vida de las personas y colectivos que residen en estos territorios.

Recordamos a la opinión pública que la población de la vereda La Secreta ha sido desplazada en diversas ocasiones entre 1998 y 2002, en circunstancias similares a las actuales y por las estructuras criminales herederas de los grupos armados de aquel entonces. Recordamos además que, en el marco de su proceso de defensa de sus derechos amparados en la Ley 1448 de 2011, esta comunidad fue reconocida como sujeto colectivo de reparación y además se convirtió en uno de los casos emblemáticos de restitución de tierras más acompañados y visibilizados en el departamento del Magdalena. Asimismo, La Secreta hace parte de las veredas priorizadas en donde se implementa el punto de reforma rural integral, de los acuerdos de paz, mediante el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial de la Sierra Nevada (PDET SNSM). Este reciente desplazamiento señala entonces la urgente necesidad de revisar y replantear la eficacia, calidad y pertinencia de todas las estrategias estatales y políticas públicas de reparación a víctimas, restitución de sus derechos, garantías de no repetición, estabilización y normalización del orden público y construcción de paz territorial, en la Sierra Nevada.

Llamamos la atención de las autoridades locales y nacionales, sobre la necesidad de complementar las medidas, protocolos de actuación y rutas oficiales contempladas para de tratamiento de estos incidentes de seguridad, con estrategias orientadas al fortalecimiento de las capacidades comunitarias de prevención del riesgo y prevención del reclutamiento; con la instalación de herramientas colectivas de protección y autoprotección de liderazgos; con procesos sostenidos en el tiempo de reconstrucción del tejido organizativo, reconstrucción de la confianza en las instituciones y de mejoramiento de las condiciones de vida rural en la Sierra. Y en este sentido, señalamos la necesidad de involucrar a múltiples actores y agentes desde la sociedad civil y la comunidad internacional, a que sirvan de acompañantes, facilitadores y mediadores de dichos procesos, estrategias y esfuerzos, que trascienden a las entidades y a las administraciones públicas.

Así mismo, las organizaciones firmantes de este comunicado exigimos que las autoridades administrativas, de orden nacional, departamentales y/o encargadas de dar cumplimiento a las recomendaciones de las alertas tempranas antes mencionadas, actúen guiadas bajo el principio de coordinación y corresponsabilidad institucional, a fin de garantizar la efectividad de las medidas adoptadas (obligación contenida en el N°8, Art.3 Decreto 2124/2017).

Se hace un llamado de urgencia a las instancias de orden territorial para reacción rápida, a fin de recopilar información comunitaria de la situación, impulsar medidas reactivas y preventivas, así como a otras instancias institucionales y demás espacios competentes dentro del SAT.

Exhortamos a todas las instancias de seguimiento y cumplimiento de política pública de atención a las alertas tempranas, así como a las instituciones responsables de implementar las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo y a los órganos de control en Colombia y órganos del Sistema Interamericano como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial sobre defensores y defensoras de DD.HH.  y los órganos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos a adoptar acciones y tomar medidas que brinden garantías para el ejercicio de los derechos, y la disminución del riesgo denunciado.

Finalmente hacemos un llamado a la Unidad de Restitución de Tierras para que, en su calidad de administradora del RUPTA, ordene las protecciones a los predios de la vereda la Secreta – Ciénaga, Magdalena a fin de evitar posibles despojos de tierras.

Asociación Campesina de Víctimas Reclamantes de Tierras del Magdalena - Asocavirtmag

Asorenacer

Casa de la Memoria

Comisión étnico-campesina de Seguimiento a la Reparación colectiva de Montes de María y Magdalena - CECMMA

Organizaciones de Población Desplazada de Montes de María -OPDs

Colectivo de Consejos Comunitarios y comunidades negras del Caribe

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-,

Colectivo de Abogados del Caribe - ABOKAR

Comisión Colombiana de Juristas -CCJ-,

Corporación Juridica Yira Castro -CJYC

Fundación Misión Aurora -FMA

Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP/ Programa por la paz

Grupo de investigación en Conflicto y RRII- Universidad del  Magdalena

Grupo Regional de Memoria Histórica - Universidad Tecnológica de Bolívar -UTB

Red de Consejos Comunitarios del Caribe

Fundación Maleua,

Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativos -ILSA

Espacio de diálogo social sobre condiciones de vida y garantías de no repetición en las comunidades afrocolombianas, campesinas y pescadores artesanales víctimas del conflicto armado del Magdalena

Fundación nuestra casa común, Nueva Venecia,Magdalena

Federación Democrática Internacional de Mujeres -FDIM

Fundación Tejiendo Cultura Caribe

Asociación Nacional de mujeres de Colombia

Defensoría Juvenil Nacional de Ciénaga.

Asociación de estudiantes de antropología de la Unimag -AEA

Plataforma Distrital de Juventudes de Santa Marta

Fundación Semillas Verdes

Organización Indigena Ette Ennaka de Naarakajmanta OIEEN

Consejo Comunitario San Juan de Palos Prieto Victoria Torres.

Veeduría magdalenas diversas por la paz -MADIPAZ

Asociación de afrodescendientes indígenas y campesinas -ASOFRAINCA

Asociación nacional de mujeres por Colombia -ASONAMC