| Compartimos con usted las principales noticias, realizaciones, publicaciones y eventos de nuestra organización en el último mes. |
|
|
 |
|
El pasado 10 de mayo el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas dio a conocer el resultado del examen sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano respecto a la Convención Internacional de Protección Contra las Desapariciones Forzadas.
El balance del Comité fue negativo pues, aunque reconoció las acciones realizadas por Colombia, consideró que estaban lejos de ser suficientes para resolver la deuda histórica de nuestro país con el fenómeno de la desaparición forzada. Por ello consideró imprescindible adoptar pronto una política pública integral para prevenir las desapariciones forzadas.
El Comité manifestó preocupación por la desactualización de los registros de personas privadas de la libertad y por los casos, como los ocurridos durante el Paro Nacional, de personas detenidas a quienes se les impidió comunicarse con sus familias y abogados.
|
|
 |
|
Debido a las múltiples denuncias por graves vulneraciones a los derechos humanos y desapariciones de personas en el contexto del Paro Nacional en Colombia, un conjunto de organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas para solicitar una intervención urgente a través de la adopción de medidas cautelares y una visita in loco al país.
Asimismo, se expuso la necesidad de impulsar la conformación de un Grupo Especial de Investigación sobre violaciones a derechos humanos y graves crímenes cometidos por la Fuerza Pública en entornos de protesta y manifestaciones sociales, que abarque hechos de esta naturaleza ocurridos en los últimos tres años en Colombia.
|
|
 |
Como parte de la "Campaña Defender la Libertad: asunto de todas" la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), junto con otras organizaciones, se encargó de la representación de algunas de las personas que asistieron a las manifestaciones convocadas el pasado 28 de abril, día que inició el Paro Nacional contra la reforma tributaria, el asesinato de líderes y lideresas sociales, las dificultades en el acceso a la salud, entre otros.
Desde el inicio del Paro en Colombia, las retenciones ilegales, imputaciones de cargos sin la asistencia jurídica necesaria y otras violaciones a los derechos fundamentales de las y los manifestantes han sido una constante.
|
|
|
 |
|
Organizaciones de derechos humanos y apoderados de los accionantes de la tutela que condujo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de septiembre de 2020 que protegió el derecho a la protesta consideramos que existe un incumplimiento sistemático, masivo y flagrante, por lo cual solicitamos que se declare en desacato de lo ordenado por la Corte.
Las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas iniciadas el pasado 28 de abril evidencian que sigue existiendo y se ha hecho más grave la intervención sistemática, arbitraria y violenta de los miembros de la fuerza pública en manifestaciones sociales.
|
|
 |
|
La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, plataformas de derechos humanos de las cuales hace parte la Comisión Colombiana de Juristas, expresamos nuestro respaldo a la labor de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a su representante en Colombia, Juliette de Rivero, y rechazamos los cuestionamientos hechos por la Cancillería de Colombia en carta enviada a la Alta Comisionada en Ginebra la semana pasada, según los cuales “la Oficina vulneró la confianza del gobierno” por mencionar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Paro Nacional.
|
|
 |
|
El 19 de abril del 2000, Gerardo Angulo y Carmen Rosa Castañeda fueron secuestrados y desaparecidos por las extintas FARC-EP. Su caso hace parte del Auto 19 de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el que imputaron al antiguo Secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Durante la última semana de marzo, la Comisión Colombiana de Juristas, EQUITAS, Colombia2020 y dos familiares de los Angulo Castañeda acompañaron la búsqueda de los restos de Gerardo y Carmen junto con excombatientes e integrantes de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos de las antiguas FARC-EP en San Juanito, Meta.
Foto: Óscar Pérez, Colombia2020.
|
|
 |
|
La Comisión Colombiana de Juristas representa judicialmente a 40 familias campesinas del sur del Cesar, en el marco de procesos de restitución de tierras sobre predios ubicados en la Hacienda Bellacruz, hoy conocida como Hacienda La Gloria.
A través de la sentencia SU-235 de 2016, la Corte Constitucional de Colombia sentó un precedente histórico sobre los bienes baldíos indebidamente ocupados, reconociendo así los derechos fundamentales de un grupo de campesinos, víctimas de desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes que llevan más de 30 años en los terrenos de la Hacienda Bellacruz. Sin embargo, y después de cinco años, las órdenes emitidas por la alta Corte no han sido adoptadas por la Agencia Nacional de Tierras.
|
|
|
|
|
|
|
.jpeg)
