Litigio internacional y contencioso administrativo

La Comisión Interamericana analizará el primer caso de mujer víctima de violencia sexual revictimizada por la Rama Judicial colombiana

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Bogotá, 14 de julio de 2021. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- admitió el pasado 24 de junio una petición presentada por “Bárbara”, una mujer colombiana víctima de secuestro, tortura y actos de violencia sexual, cometidos en 2003 por grupos paramilitares, con aquiescencia de las autoridades, que debió exiliarse junto a su familia producto de la falta de protección estatal. Estos hechos se encuentran impunes y la CIDH estudiará la responsabilidad del Estado colombiano, tanto por su inactividad en las acciones de protección, como por las falencias en la investigación y las expresiones y actitudes discriminatorias en contra de “Bárbara” en primera y segunda instancia del proceso penal.

Después de 18 años de impunidad y ante el nulo avance de los procesos penales nacionales, la víctima, sus familiares y sus representantes esperan que la justicia internacional les brinde garantías de justicia, verdad y reparación.

La petición ante la CIDH fue presentada en 2015. “Bárbara” había denunciado reiteradamente ante la justicia ordinaria colombiana los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas que sufrió como represalia por su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres, y solicitó en reiteradas ocasiones protección del Estado, pero no obtuvo respuesta. Cuando finalmente las amenazas se cumplieron, y dieron lugar a su privación de libertad, violación y tortura, ella formuló la correspondiente denuncia, y en el proceso judicial se encontró con la dilación de las investigaciones y con acusaciones revictimizantes por parte de los funcionarios judiciales.

En el juzgamiento de los hechos, la Rama Judicial utilizó de manera reiterada calificativos que deslegitimaban su condición de víctima de violencia sexual, estigmatizando a “Bárbara” por su trabajo en la defensa de los derechos humanos; asimismo asumió que le correspondía a ella la carga probatoria y, sin tener en cuenta su afectación psicológica ya probada en el proceso, la sometió a emitir múltiples declaraciones sobre lo acontecido.

La Rama desconoció los estándares jurisprudenciales y normativos, tanto a nivel nacional como internacional en materia de investigación de víctimas de violencia sexual. Por ello, en sentencia T-126 de 2018, la Corte Constitucional instó a los tribunales de instancia a reescribir las motivaciones en las sentencias, pues utilizaron “lenguaje irrespetuoso y denigrante contra la presunta víctima. Hicieron suyas algunas afirmaciones de los testimonios recabados en el plenario que no corresponden a una descripción objetiva de los hechos”. La admisión de este caso ante la CIDH representa un hito importante en el reconocimiento de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y de las defensoras de los derechos de las mujeres que han sido blanco de estos crímenes, así como una esperanza de justicia para ellas, sus familias, comunidades y organizaciones.

La Comisión Colombiana de Juristas continuará acompañando a “Bárbara” en su lucha por obtener verdad, justicia, reparación, no repetición y retorno al país con garantías de seguridad.

Comisión Colombiana de Juristas