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Conexión CCJ Edición #17

Miércoles 01 de diciembre de 2021

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Compartimos con usted las principales noticias, realizaciones, publicaciones y eventos de nuestra organización en el último mes.
Para la Comisión Colombiana de Juristas sería muy grato que nos acompañara en una conversación donde analizaremos los avances y desafíos en materia de la Reforma Rural Integral, el Sistema Integral para la Paz y la situación de personas defensoras de derechos humanos, tras cinco años de firmado el Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP. ?? Jueves, 2 de diciembre de 2021,4:00 p.m.  

Evento presencial con transmisión virtual a través del canal de YouTube ColjuristasCCJ. Se requiere inscripción previa, aforo limitado por razones de bioseguridad. 
Inscripciones aquí
Demandamos en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y algunos congresistas ante la Corte Constitucional 14 artículos de la Ley 2094 de 2021, por medio de la cual se reforma la Procuraduría General de la Nación, por vulnerar el derecho fundamental a la participación política. 

El ánimo de la demanda presentada es robustecer las garantías para la participación política e impedir que el diseño institucional del Estado, en particular de la Procuraduría, pueda utilizarse en contra de la inclusión y diversidad política, convirtiéndose en un riesgo para la democracia.  
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En el marco de la sesión #48 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la Comisión Colombiana de Juristas intervino en el debate general sobre el Examen Periódico Universal -EPU-señalando que 30 de las recomendaciones hechas a Colombia en 2018 fueron sobre personas defensoras de derechos humanos, y su falta de cumplimiento es preocupante ya que en materia de prevención Colombia le ha cerrado los espacios de participación a estas personas en los últimos años. Algunas de las recomendaciones más reiteradas en el EPU son sobre justicia, por lo que es lamentable la persistente impunidad. 
Ver intervención
 La Fundación por la Defensa de los DD.HH. y el DIH del Oriente y Centro de Colombia -DHOC- y la COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS -CCJ-organizaciones no gubernamentales que promueven y defienden los derechos humanos, la aplicación del DIH y la vigencia del Estado de Derecho, denunciaron ante la opinión pública y los entes de control estatales el riesgo inminente de violación a los derechos humanos de las comunidades campesinas de los llanos del Yarí, Meta por parte del Ejército nacional, de acuerdo con información brindada por las campesinas y campesinos que habitan en las veredas de Puerto Cachicamo (San José del Guaviare).
Ver denuncia pública
El pasado viernes 19 de noviembre se realizó una audiencia pública en la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes en la que se analizó la situación de violaciones a los derechos humanos de líderes, lideresas sociales y personas defensoras en Colombia, con el objetivo de visibilizar su situación y la falta de garantías de seguridad para el ejercicio del derecho a defender derechos en el país. La audiencia fue convocada por organizaciones de la sociedad civil colombianas, entre ellas la CCJ, en conjunto con Amnistía Internacional; en esta se hizo la presentación del informe "El deber de protección y el derecho a defender derechos", el cual aborda las obligaciones del Estado colombiano en materia de protección, prevención y garantías, y realiza un balance del funcionamiento de las rutas de protección para las personas y colectivos que defienden derechos.
Ver audiencia completa
Consulte "El deber de protección y el derecho a defender derechos"
Tras una visita que hizo recientemente la familia de Óscar Alexander Morales Tejada (desaparecido y asesinado extrajudicialmente) acompañada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y un grupo de víctimas de crímenes de Estado del Caribe, se pudo constatar que continuaron las intervenciones en el cementerio alterno de El Copey, ubicado en el departamento del Cesar, pese a las medidas cautelares ordenadas por la JEP para proteger dicho cementerio.  Se presume que en este terreno reposarían los restos de alrededor de cien jóvenes que también fueron víctimas de homicidios y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes estatales.
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia a favor del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) ordenando al Estado reparación por las “chuzadas” ilegales que el antiguo DAS realizó en su contra. Estos hechos, que son de conocimiento público, vulneraron derechos como la intimidad, la seguridad personal, la inviolabilidad de documentos privados y correspondencia, y el buen nombre del Centro y de sus integrantes.
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Presentamos el segundo episodio de "Derechos con voz", podcast de la Comisión Colombiana de Juristas, en este se cuenta la historia de tres docentes de escuelas rurales del Cesar que fueron víctimas de secuestro por parte de las extintas FARC-EP. A pesar de que en el imaginario social esté instaurado el mito de que este grupo armado solo retenía a personas adineradas, con fines políticos, miembros de la fuerza pública o para llevar a cabo grandes extorsiones, la realidad es otra.
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