Litigio penal

Entregan a la JEP informe sobre responsabilidad de altos mandos civiles y militares en ejecuciones extrajudiciales desde 2006

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El informe presentado por diez organizaciones integrantes del Espacio de Litigio Estratégico se centra en el período 2006 - 2008

Se busca que este informe contribuya a la verdad y a la lucha contra la impunidad en este caso de graves violaciones a los derechos humanos

El jueves 5 de mayo de 2022 a las 9:00 a.m. se llevará a cabo la audiencia de entrega ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del informe “Ellos sabían ¿Dieron la orden?: De la violación del principio de distinción a la barbarie”, documento que da cuenta de la presunta responsabilidad de altos mandos de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional, así como de funcionarios civiles en la práctica de las ejecuciones extrajudiciales en todo el territorio nacional, analizando el período de tiempo entre el año 2006 y 2008.

El evento, que se realizará en el  auditorio menor del edificio Doctor Angélico de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá (carrera 9 # 72 – 90), contará con la participación de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de diferentes departamentos del país, quienes buscan dejar un mensaje de exigencia a la JEP sobre su responsabilidad de identificar, investigar y procesar a los máximos responsables de los asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate, y conocer las responsabilidades individuales en estos crímenes de lesa humanidad.

Para Pilar Castillo, abogada de la Asociación Minga, “desde el Espacio de Litigio Estratégico hemos observado que hay una dificultad con la metodología que decidió aplicar la JEP para el caso 03, la cual consistió en investigar de abajo hacia arriba. Consideramos que hasta el momento, tanto en el llamado a versiones voluntarias como en los autos de determinaciones de hechos y conductas, la JEP sigue concentrándose en los militares que ya habían sido vinculados en la justicia ordinaria, incluso en algunos que ya tenían condenas penales en su contra, lo cual no aporta a lo que creíamos desde el inicio sería el valor agregado de la Jurisdicción de ir tras aquellos comparecientes militares que, por el fuero para ser investigados, no habían sido llamados por la jurisdicción ordinaria”.

El informe también evidencia que existió un plan criminal previo al período objeto de estudio y demuestra que para esa época (2006-2008) dicho plan se extendió a todas las divisiones del Ejército Nacional, muchas veces acompañado de un discurso de odio, a través de órdenes e involucrando a la población civil, a funcionarios públicos de alta jerarquía y a un significativo número de unidades mayores, menores y tácticas, y se ejecutó de manera escalonada, haciendo pasar graves violaciones a los derechos humanos como actuaciones legítimas. Esto demuestra que la atribución de responsabilidad por estos hechos a supuestas “manzanas podridas” no es más que una distracción para evitar reconocer que sí hubo Política Sistemática Criminal de Estado que primero autorizó la comisión de la práctica, luego la convirtió en una rutina y, posteriormente, generó su encubrimiento.

“Con este informe presentamos a la JEP elementos materiales probatorios que le permitirán advertir que en efecto las altas comandancias del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares, así como funcionarios de alto nivel como el presidente y vicepresidente de la República, tuvieron conocimiento temprano de lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada para evitarlo”, expresó la abogada Pilar Castillo.

El alto estamento militar y civiles con altos cargos dentro de la institucionalidad sabían sobre el incremento de las ejecuciones extrajudiciales desde sus etapas tempranas. Hay documentos que prueban que existieron denuncias formales por estos crímenes por lo menos desde el año 2004, así como 42 reuniones, oficios y comités de trabajo en los que participaron o de los cuales tuvieron conocimiento funcionarios de la Vicepresidencia de la República, el Programa presidencial para los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la  Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el  Ministerio del Interior, la Dirección de la Justicia Penal Militar, la Inspección General de las Fuerzas Militares, la  Inspección General del Ejército, la  Comandancia del Ejército, las comandancias de división y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Junto a la información, análisis y conclusiones presentadas en el informe, las organizaciones de derechos humanos solicitamos que la SRVR llame a las siguientes personas para que brinden información que permita determinar a quiénes cabe investigar y procesar como ma?ximos responsables de este actuar criminal:

1. Álvaro Uribe Vélez - Presidente de la República
2. Juan Manuel Santos Calderón - Ministro de Defensa
3. Camilo Ospina Bernal - Ministro de Defensa
4. Sergio Jaramillo Caro - Viceministro de Defensa
5. General Fredy Padilla de León - Comandante Fuerzas Militares
6. General Mario Montoya Uribe - Comandante Ejército Nacional
7. General Oscar González Peña - Comandante Séptima División
8. Mayor General Carlos Lemus Pedraza - Inspector General del Ejército
9. Mayor general Carlos Orlando Quiroga Ferreira - Inspector General del Ejército
10. Coronel Roberto Pico Hernández - Comandante Batallón Pedro Nel Ospina

Se espera que la Jurisdicción Especial para la Paz tenga en cuenta que el juzgamiento y la sanción penal de los responsables de crímenes de ejecuciones extrajudiciales constituye una obligación internacional del Estado, que vincula a sus órganos judiciales. El incumplimiento de esta obligación se traduce en impunidad por parte de quienes omiten cumplirla.

El Espacio de Litigio Estratégico es una agrupación de diez organizaciones defensoras de derechos humanos que articulan acciones para litigar en casos de alto impacto en materia de justicia transicional.