Incidencia Nacional

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional sigue examinando a Colombia
En el informe publicado por la Fiscalía de la CPI, como lo hace cada año desde 2013, se anuncia que continúa analizando la admisibilidad de los casos en Colombia.

En el informe publicado por la Fiscalía de la CPI, como lo hace cada año desde 2013, se anuncia que continúa analizando la admisibilidad de los casos en Colombia.

En esa medida, estudia las condiciones de impunidad y el carácter genuino de las actuaciones judiciales reportadas por el Estado frente a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el país. Esos crímenes incluyen asesinatos, traslados forzosos de población, privaciones graves de la libertad física, torturas y diversas formas de violencia sexual; así como homicidios, ataques dirigidos contra la población civil, torturas, tratos crueles, ultrajes contra la dignidad personal, toma de rehenes, diversas formas de violencia sexual y reclutamiento de menores.

Ese carácter genuino de la actuación del Estado el que debe ser objeto de evaluación por parte de la comunidad internacional y la sociedad civil, pues no parece claro.

Por esa razón, la Fiscalía de la CPI seguirá atenta a las actuaciones del sistema de justicia, que incluye la justicia ordinaria, justicia y paz y la JEP, con especial observación a las gestiones que se adelanten para el pleno funcionamiento de esta última, incluyendo su reglamentación, operación y actuación, como el elemento relevante en el examen que adelanta.

Este mensaje es importante porque deja claro al Estado colombiano que debe adelantar las actuaciones necesarias para velar por el adecuado funcionamiento de la JEP, lo que incluye el respeto a su autonomía administrativa, presupuestal y técnica, y por su protección frente a los ataques que se dirijan a su desnaturalización o debilitamiento, como ha ocurrido en los últimos meses en el Congreso de la República.

También plantea la necesidad de corregir las decisiones que se han tomado en el Congreso de la República sobre el concepto de responsabilidad de mando y las fuentes de derecho aplicables (art. trans. 28 del AL 01/18), así como frente a la suspensión indefinida de los procesos penales y la prohibición de investigar las estructuras, los planes y los móviles de los crímenes cometidos. Todos estos aspectos respecto de la investigación y juzgamiento de los integrantes de la fuerza pública.

Todo esto es importante para alcanzar justicia en los casos que permanecen en la impunidad y para construir condiciones que permitan adelantar las reformas necesarias para garantizar la no repetición de lo ocurrido.