Litigio en tierras y derechos territoriales

Comunidad de Salaminita conmemora un aniversario más del desplazamiento y abandono forzado de sus tierras

El 7 de junio de 1999, paramilitares del Frente Pivijay -Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)- llegaron al centro poblado del corregimiento de Salaminita, jurisdicción del municipio de Pivijay, Magdalena. Desde que pisaron el lugar fueron casa a casa y obligaron a sus habitantes a reunirse en una tienda, donde posteriormente, sin mediar explicación, seleccionaron como “colaboradores de la guerrilla” a los señores Óscar Barrios, Carlos Cantillo y a la Inspectora de policía del corregimiento, María del Rosario Hernández, y los asesinaron. 

Como consecuencia de estos hechos, los habitantes del corregimiento de Salaminita se desplazaron de forma masiva, abandonando todo lo que habían construido con esfuerzo y trabajo. El centro poblado del corregimiento quedó prácticamente desolado. Esta situación fue aprovechada por los paramilitares, quienes saquearon las casas, llevándose los objetos que consideraban de valor de las viviendas y de los espacios de la comunidad, como el colegio y el centro de salud. 

Finalmente, el paramilitar identificado como alias “Esteban” ordenó demoler las casas y demás construcciones del centro poblado con un bulldozer, hecho que dejó en ruinas el corregimiento.

Hechos de violencia posteriores al desplazamiento masivo 

El desplazamiento masivo de los habitantes del centro poblado de Salaminita y su arrasamiento fue el inicio de una serie de ataques indiscriminados de las AUC en contra de la población civil. El día 26 de agosto de 1999 los paramilitares ingresaron a la finca “El Oriente”, ubicada en zona rural del corregimiento de Salaminita, y asesinaron a los señores Víctor Julio Palmera Reales y José Hernández. 

Dos días después, el 28 de agosto de 1999, fue asesinado el señor Domingo Antonio González Ternera en la Finca “Maraber”, y el 22 de agosto del año 2000 fueron asesinados Pedro Antonio Bolaño y María Eloísa Gutiérrez Crespo, quienes se negaron a vender su parcela.

Estos hechos de violencia derivaron en el desplazamiento definitivo de los pocos habitantes que permanecían en el centro poblado y en la zona rural del corregimiento de Salaminita, y afianzaron el control territorial de las AUC en el departamento de Magdalena.

Procesos de restitución de tierras y retorno de la comunidad 

En la actualidad, 21 años después de estos hechos de violencia y del desplazamiento, existen dos sentencias que reconocen el derecho a la restitución de tierras a favor de las víctimas de abandono forzado del centro poblado y la zona rural de Salaminita. 

La primera de ellas fue proferida el 16 de diciembre de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia –Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras-. Allí se reconoció el derecho a la restitución de los predios que hacían parte del centro poblado de Salaminita, se ordenó la reconstrucción de las viviendas, el centro de salud y el colegio, y la formulación e implementación de proyectos productivos a favor de los solicitantes. También se ordena la construcción de un espacio de memoria y construcción de tejido social. 

La segunda sentencia, del 28 de agosto de 2018, fue dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena –Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras-. En esta también se reconoce el derecho a la restitución y formalización de tierras de los predios ubicados en zona rural del corregimiento de Salaminita, y se dictan otras órdenes, encaminadas a formular e implementar proyectos productivos de estabilización socioeconómica y autosostenibilidad, y a dar subsidios de vivienda a los solicitantes restituidos. 

Sin embargo, pese a que las citadas providencias fueron proferidas en los años 2016 y 2018, respectivamente, las órdenes contenidas en ellas están lejos de ser cumplidas debido a que las entidades encargadas de materializarlas han actuado con desidia y de manera aislada. Dichas circunstancias no han permitido que se concrete el enfoque transformador del derecho a la restitución, por lo cual las víctimas, pese a tener los derechos sobre los predios, carecen de viviendas y servicios básicos en condiciones dignas y de medios económicos para cultivar la tierra. 

Una vez más, como cada año, la Comisión Colombiana de Juristas se solidariza con la comunidad de Salaminita y continúa trabajando a su lado en la exigencia del cumplimiento de las sentencias y el restablecimiento de sus derechos. Nuevamente urgimos a las autoridades nacionales y locales correspondientes para que cumplan las medidas dictadas en las sentencias de 2016 y 2018, y recordamos los hechos que enlutaron a esta comunidad, como un homenaje a su memoria y un recordatorio de lo que no puede volver a pasar.

Comisión Colombiana de Juristas
Junio 7 de 2020