Columnas de opinón

EPU: requerimientos pese a reconocimientos

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Por lo menos seis preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en Colombia quedaron en evidencia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado 19 de septiembre, al discutirse y aprobarse el informe sobre el Examen Periódico Universal (EPU) practicado a nuestro país el 23 de abril.

La impunidad previsible por el fortalecimiento del fuero militar fue una de ellas. Gran Bretaña insistió en la necesidad de “pedir al gobierno colombiano que publique información regular sobre investigaciones por abusos de derechos humanos denunciados contra militares”.

Filipinas insistió también en que se ratificara el Protocolo Adicional a la Convención contra la Tortura, que autoriza visitas internacionales a los centros de detención. Sólo Colombia en Latinoamérica se opone al protocolo, supuestamente porque tiene mecanismos internos para garantizar los derechos de personas privadas de libertad.

Esta insistencia puso de presente una tercera preocupación relacionada con la ratificación de otros tratados, como los protocolos adicionales para autorizar denuncias individuales por violaciones a la Convención de Derechos del Niño, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o a la Convención sobre Desapariciones Forzadas. No hay razón valedera tampoco para que no se haya autorizado durante este gobierno la visita de relatores de Naciones Unidas al país, a pesar de que teóricamente Colombia tiene formulada una invitación abierta a dichos mecanismos.

Una cuarta preocupación recayó sobre los derechos de las mujeres y la violencia sexual, tema que fue levantado por el propio Gobierno para informar que hay 257 casos de violencia basada en género revisados por la Fiscalía. No es un resultado digno de orgullo, y menos si se tiene en cuenta que de 182 casos de violencia sexual que la Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía investigar, mediante el auto 092 de 2008, escasamente se han producido tres sentencias, según el quinto informe divulgado la semana pasada por la Mesa de Seguimiento a dicho auto.

Gran Bretaña hizo énfasis también en la situación de defensoras y defensores de derechos humanos por el incremento del número de asesinatos en el primer semestre de 2013. Pero tal vez la preocupación mayor fue la relacionada con la prórroga del acuerdo para mantener en Colombia la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El vicepresidente había anunciado en abril, ante el Consejo en Ginebra, que dicha prórroga sería por tres años. Que no se hubiera honrado ese anuncio y que el Gobierno hubiera autorizado esa prórroga sólo por un año causó entonces gran extrañeza. Nadie la expresó en público, pero pocos se abstuvieron de hacerlo en los pasillos.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y las conversaciones de paz en La Habana obviamente generaron reconocimientos hacia el Gobierno en esta aprobación del EPU que los miembros del Consejo hacen cada cinco años a todos los estados. Pero tales reconocimientos no llegaron al punto de desvanecer preocupaciones como estas seis, que seguirán siendo observadas atentamente durante los próximos cinco años en relación con nuestro país.