Pese a su urgencia, el Congreso no discutió -por segunda ocasión durante esta semana- la Ley de Jurisdicción Agraria y Rural, que lleva diez meses esperando ser debatida en plenarias.
Este proyecto representa la posibilidad de saldar una deuda histórica con el campesinado colombiano, sujeto de derechos, y es clave para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Sin embargo, su discusión no ha sido una prioridad en la agenda legislativa.
Hace más de dos años se aprobó la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, un paso fundamental para garantizar una justicia cercana a las realidades y necesidades del campo en el país. Pero hasta hoy, esa estructura existe solo en el papel: no hay ley ordinaria que la reglamente, ni jueces especializados designados, ni procesos en marcha.
No debatir esta ley no es un hecho menor. Cada sesión aplazada prolonga el limbo institucional de una justicia que la ruralidad ha esperado por décadas: una justicia más equitativa, con enfoque integral y territorial, que brinde seguridad jurídica a las y los campesinos y permita resolver conflictos agrarios y rurales sobre la tenencia y el acceso a la tierra de manera oportuna y efectiva.
Por ello, las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente a la realización pronta y diligente de los debates necesarios para avanzar en la aprobación de esta ley ordinaria, asignar las competencias correspondientes y definir los procesos que estarían a cargo de los jueces especializados en materia agraria y rural.
Seguiremos con atención el desarrollo de este proceso, con pleno convencimiento de que su implementación puede transformar la justicia agraria en Colombia.
¡El campo lo merece, la Jurisdicción Agraria no puede esperar más!
Suscriben el 30 de octubre de 2025
Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)
Corporación Jurídica Libertad (CJL)
Comisión Colombiana de Juristas
Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP)
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)