Declaración oral sobre el Informe del Grupo de Trabajo sobre Informe del Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 60 período de sesiones

Señor Presidente:

Saludamos la reciente decisión de la Corte Constitucional que, en cumplimiento del Acuerdo de Paz, avala la creación, estructura e integración de la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia[1].

Esta decisión es importante pues respalda la posibilidad de contar con una justicia especializada que fortalezca la capacidad del Estado para atender de manera técnica los conflictos agrarios y así contribuir a cerrar la brecha histórica en materia de justicia que vive el campo colombiano.

A pesar de esta decisión, a la fecha la Jurisdicción Agraria todavía no está en funcionamiento, pues es necesaria una ley que delimite sus competencias y defina sus procedimientos. Durante más de un año, y a pesar de haber sido presentada con un mensaje de urgencia desde el gobierno, esta ley no ha culminado su trámite legislativo, faltándole un último debate para la aprobación.

El Congreso de la República se encuentra en deuda con las víctimas del conflicto armado y la población campesina, por lo que solicitamos a este Consejo de Derechos Humanos instar al Estado colombiano a garantizar, sin más dilaciones, la plena implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, internacionales y del Acuerdo Final de Paz.

[1] Sentencia C-340 de 2025