Declaración oral | Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 62° período de sesiones

Señor Presidente:

A diez años del Acuerdo de Paz, la jurisdicción agraria sigue sin poder operar. Aunque fue reconocida constitucionalmente, el Congreso estancó durante casi dos años el proyecto de ley que debía establecer las reglas del procedimiento especial para su funcionamiento, y finalmente lo archivó.

Este proceso legislativo fue afectado por disputas políticas que terminaron desplazando las necesidades de acceso a la justicia de las poblaciones rurales, como las observaciones presentadas por la Corte Suprema de Justicia que incorporaban modificaciones al régimen agrario que no habían sido objeto de deliberación previa en el trámite legislativo.

Hoy contamos con una jurisdicción en el papel sin capacidad real de operar. Esto deja los conflictos por la tierra en manos de la justicia ordinaria, que no cuenta con el enfoque diferencial que estos casos requieren, afectando directamente el acceso a la justicia de las comunidades rurales.

Solicitamos a la Relatora Especial que dé seguimiento a esta situación, considerando el próximo cambio de gobierno en Colombia y su posible impacto en la continuidad de las reformas estructurales en materia de justicia agraria. Instamos a este Consejo a llamar al Estado colombiano a adoptar, sin más demora, el marco normativo necesario para el funcionamiento de esta jurisdicción, en cumplimiento de los estándares internacionales y los compromisos derivados del Acuerdo de Paz.