Señor Presidente:
Resaltamos la importancia de la Carta de los Derechos de las Víctimas de Tortura que presenta la Relatora Especial el día de hoy y esperamos que el Estado colombiano acoja y se comprometa a implementar las medidas allí descritas, especialmente las autoridades judiciales, quienes han convertido el proceso de denuncia e investigación en escenarios de revictimización.
Hoy queremos llamar su atención sobre la situación de las mujeres víctimas de tortura en Colombia, quienes además de sufrir maltrato grave están enfrentando procesos judiciales que refuerzan su revictimización, cuestionan su credibilidad e imponen barreras probatorias desproporcionadas. El caso de Paloma Sánchez[1] es muestra de ello.
Paloma fue impactada en la entrepierna por un disparo efectuado por un agente del entonces ESMAD en las protestas de 2021, causándole daños físicos severos y persistentes que afectaron gravemente sus derechos sexuales y reproductivos. A la fecha, no existe una condena contra el responsable ni tampoco una reparación para ella. Su testimonio no ha sido plenamente valorado y se le ha impuesto una carga probatoria excesiva para demostrar la responsabilidad de un agente estatal, desconociendo estándares internacionales que exigen una investigación reforzada en casos de posibles actos de tortura y violencia basada en género.
Solicitamos a este Consejo mantener la atención sobre este caso y hacer un llamado para que el Estadogarantice decisiones fundadas en una valoración adecuada del testimonio de las víctimas y adopte medidas que eviten que la búsqueda de justicia se convierta en una nueva forma de violencia, especialmente para las mujeres.
[1] Se puede conocer el caso de Paloma en este link: https://consejoderedaccion.org/sello-cdr/investigacion/me-mataron-esa-parte-del-cuerpo-el-disparo-del-esmad-que-impacto-la-entrepierna-de-paloma/