En Colombia, la persistencia del conflicto y la expansión territorial de los grupos armados han generado más de 6.000 personas desplazadas y más de 14.000 confinadas en sus territorios, sólo entre enero y abril de 2026[1], debido a las amenazas, los homicidios, el reclutamiento de niños y niñas, y la presencia de minas antipersonales[2].
Tras quince años de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y la reciente adopción de la Política Nacional de Soluciones Duraderas para las Personas Desplazadas Internamente, persisten nuevos desplazamientos que superan la capacidad de respuesta del Estado, y evidencian las dificultades para abordar las causas estructurales de este fenómeno.
Coincidimos con la Relatora en que la impunidad frente al desplazamiento forzado es un obstáculo central para garantizar la no repetición de estas violaciones. Aunque existe un sistema normativo y jurisprudencial robusto, subsisten desafíos en la prevención, el desmantelamiento de las estructuras criminales responsables y la investigación efectiva, para garantizar la justicia y reparación para las víctimas.
Es fundamental que este Consejo haga un llamado al Estado colombiano para que, de cara al gobierno entrante, se garantice la continuidad de las políticas e instituciones en materia de atención a la población desplazada, así como la persecución de los responsables.
[1] Ver: https://www.unocha.org/publications/report/colombia/colombia-informe-de-situacion-humanitaria-2026-datos-acumulados-entre-enero-y-febrero-de-2026-fecha-de-publicacion-14-de-abril-de-2026
[2]Según el Boletín de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo.