Señor Presidente:
Saludamos la presentación del informe sobre la visita a Colombia del Experto Independiente, y compartimos su preocupación respecto a las brechas que existen entre el marco jurídico tan avanzado y la realidad cotidiana de violencia y discriminación contra la población LGBT.
Esta brecha se materializa, entre otras, en la impunidad arraigada y en la persistencia de una violencia letal que afecta desproporcionadamente a personas defensoras de derechos humanos LGBT, especialmente a mujeres transgénero. Durante los últimos 10 años, hemos registrado 42 asesinatos de líderes de esta población[1], muchos de los cuales incluyen actos de tortura, de violencia sexual o de desaparición forzada. Además, las amenazas y el acoso continúan siendo agresiones recurrentes, con el fin de “controlar la presencia pública de las diversidades sexuales”[2].
Manuel Velandia, pionero del activismo LGBT en Colombia, sufrió amenazas sistemáticas y un atentado con bomba en su domicilio en 2002. Las autoridades le negaron medidas de protección, forzándolo a un exilio de más de dos décadas. Sin condena contra los responsables, a su regreso al país no pudo buscar una reparación por las limitaciones temporales impuestas por la jurisprudencia. Esto evidencia que, en la práctica, estas violencias funcionan como mecanismo de control social, ante la falta de protección eficaz por parte del Estado, como concluye el Experto.
[1] Según la base de datos de violencia sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas.
[2] Caribe Afirmativo. Un sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+. Informe sobre la situación de derechos humanos de personas LGBTIQ+ en el año 2025. Disponible en: https://www.caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2026/05/Un-sistema-que-falla_-prejucio-violencia-e-impunidad-contra-personas-LGBTIQ-Informe-2025.pdf