Litigio en tierras y derechos territoriales

Comunicado sobre la entrega material de los predios de Salaminita

Este 3 y 4 de abril el Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta adelantó entrega material de 10 predios -equivalentes a 110 Hectáreas- restituidos en el antiguo corregimiento de Salaminita, 20 años después de ocurrida la masacre que dio lugar al desplazamiento masivo de toda la comunidad, el arrasamiento del caserío, el posterior despojo y la concentración de las tierras de la zona por parte de dos familias ganaderas.

Dentro de la entrega quedaron pendientes 3 predios que serán reprogramados por el Despacho para la primera semana de junio, toda vez que en uno de los predios se encontró presencia de menores de edad, hijos de los trabajadores de los opositores.  En otros dos se encontró la presencia de más de 72 semovientes (según los opositores son más de 350 animales que no tienen para donde trasladar por el verano que afecta los pastos de la zona).

La diligencia no fue fácil, pues los opositores no hicieron presencia el primer día alegando que no fueron notificados de las diligencias, obligación que le compete de manera exclusiva a su apoderado. Razón por la cual fue necesario decretar allanamientos en las diligencias para lograr entrar a los bienes y hacer posesión de los mismos.  En algunos casos fue posible lograr acuerdos para que los propietarios de los semovientes los reubicaran de manera inmediata; así como lograr acuerdos con tenedores para que desocuparan de manera voluntaria a través de subsidios entregados por la alcaldía para su reubicación y así evitar una victimización.

No obstante, la Comisión Colombiana de Juristas considera que el hecho de encontrar ganado en los predios corresponde a estrategias dilatorias de los opositores para seguir beneficiándose de los mismos.

En las diligencias hizo presencia la Procuraduría, Defendoría del Pueblo, ICBF, Alcaldía de Pivijay, Unidad de Restitución de Tierras, Policía Nacional y Ejercito.  Así mismo, las personas restituidas contaron con el acompañamiento de la Comisión Colombiana de Juristas, quienes los representan en el proceso, y del Consejo Noruego para Refugiados, quien realiza ejercicios de empoderamiento social.

La decisión judicial

El 28 de agosto de 2018 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil en Descongestión Especializada en Restitución de Tierras, falló a favor de 14 familias víctimas de despojo y abandono forzado de la zona rural del corregimiento de Salaminita, municipio de Pivijay, en el departamento de Magdalena.  Dicho fallo concedió el derecho a la restitución jurídica y material de 14 predios, también dio órdenes encaminadas a garantizar la reparación integral, tales como: entrega de proyectos productivos, la entrega de vivienda, atención en materia de salud, entre otras.

Este mismo fallo decidió no reconocer la buena fe exenta de culpa alegada por los opositores, pues concluyó que estos tenían conocimiento del contexto de violencia y dominio paramilitar que había en la zona. Por ello declaró la inexistencia de todos los contratos de compraventa firmados y ordenó que estos fueran devueltos a sus propietarios originales.

Este proceso de restitución se dio tras una larga lucha por parte de los habitantes de Salaminita por no permanecer en el olvido, luego de que el 7 de junio de 1999 paramilitares al mando de alias "Esteban" fueron a cada uno de los predios ubicados en la zona rural y el centro poblado convocando a quienes se encontraban en ellos a una reunión que se llevaría a cabo en inmediaciones de una de las tiendas del centro poblado. Reunidos en ese lugar, los obligaron a presenciar la masacre de tres personas, entre las que se encontraba la mujer que por doce años había sido la Inspectora de Policía del corregimiento.  Días después, los paramilitares al mando de alias "Esteban" regresaron al centro poblado y con un bulldozer derribaron las casas y estructuras que encontraron a su paso.  A pesar de la dimensión de la tragedia, fueron más de 14 años, antes de iniciar el proceso de restitución, que las entidades guardaron total silencio frente a lo ocurrido.

Estos hechos obligaron a los habitantes, tanto del centro poblado como de la zona rural del corregimiento, a desplazarse. Sólo algunas personas, en su mayoría habitantes de la zona rural, decidieron permanecer en el territorio. Sin embargo, quienes optaron por quedarse sufrieron un grave deterioro en sus condiciones de vida como consecuencia de la destrucción del centro poblado.

Así mismo, el 23 de agosto de 2000, los paramilitares al mando de alias "Esteban" llegaron a la finca "Bella Dama" y mataron a sus propietarios, los esposos Araque Gutiérrez, quienes se habían negado a abandonar el predio tras los hechos del 7 de junio de 1999. Este hecho de violencia fue un claro mensaje para quienes permanecían en el corregimiento quienes no tuvieron otra opción más que desplazarse.

En este contexto de violencia, y aprovechando la situación de vulnerabilidad, necesidad y extrema pobreza en que se encontraban quienes se habían desplazado forzadamente, las familias Rueda Acevedo y Díaz Quintero, terratenientes de la región, ofrecieron comprarles los predios, en la mayoría de los casos, por precios irrisorios. Algunas personas decidieron vender. Otras en cambio, se negaron a hacerlo y resistieron por varios años las presiones y amenazas de los terratenientes, como de paramiliatres. Sin embargo, la gravedad de la situación y temerosos de las consecuencias que su negativa pudiera acarrearles, finalmente accedieron a vender los predios. 

Consultada la información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con base en un censo rural para el año 2009, y después de realizar un pormenorizado estudio de títulos de los predios del corregimiento, se encontró que las familias Rueda Acevedo y Díaz Quintero, poseían vastas extensiones de tierra que comprenden, predios ubicados en la zona rural como aquellos que integraban el centro poblado del antiguo corregimiento de Salaminita. De esta manera, aproximadamente 35 predios rurales adjudicados por el Incora a familias campesinas, y 49 lotes del centro poblado que conformaban el antiguo corregimiento de Salaminita, pasaron a ser propiedad de dos familias terratenientes constituyéndose un claro fenómeno de concentración de la propiedad, y a la vez, una drástica alteración en los usos de la tierra.

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que los señores Vicente Rueda Guarín y Adolfo Díaz Quintero, integrantes y principales representantes de las familias que hoy figuran como opositoras en el proceso, han sido señalados por paramilitares desmovilizados como financiadores de este grupo armado ilegal.  Estas pruebas llevaron a que hoy la fiscalía adelante juicio por desplazamiento forzado y concierto para delinquir contra Adolfo Díaz, toda vez que Vicente Rueda ya falleció, lo cual da lugar a que se culmine la acción penal.

Esta sentencia de los predios de zona rural se suma a la sentencia del 16 de diciembre de 2016 que ordenó la restitución de Salaminita Centro Poblado a favor de 38 familias, a quienes ya se les hizo entrega material de los lotes, la alcaldía de Pivijay ya hizo entrega de los títulos y avanzó en la instalación del servicio de energía.  No obstante, a la fecha el Ministerio de Vivienda se niega a cumplir con la orden de construcción de las casas; tampoco se ha cumplido por parte de las instituciones del orden departamental y nacional en la construcción del centro educativo y el puesto de salud ordenados en la sentencia, así como las demás ordenes tendientes a la reconstrucción del centro poblado que fue arrasado.

Los habitantes esperan que las entregas logradas estén acompañadas del cumplimiento de las demás órdenes como son los proyectos productivos y la construcción de viviendas, entre otros.