Litigio Internacional

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Insuficiente respuesta del Estado colombiano ante amenazas contra personas defensoras de DD.HH, en audiencia de sociedad civil ante la CIDH
173° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- en Washington

Jueves 26 de septiembre de 2019

Washington, D.C. Septiembre 26 de 2019.- Organizaciones de la sociedad civil exigieron al Estado colombiano una respuesta oportuna y efectiva frente al incremento de las amenazas hechas en contra de las personas defensoras de derechos humanos y frente al grave impacto que estas tienen sobre su trabajo y el tejido de sus comunidades. La exigencia se dio hoy durante una audiencia pública celebrada durante el 173° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

“Investigar las amenazas y otros ataques asociados es fundamental para mejorar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, prevenir hechos adicionales de violencia y desmantelar estructuras criminales”, indicó Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Hasta la fecha, el Estado colombiano no cuenta con un abordaje apropiado para el fenómeno y existe una ausencia de resultados concretos” dijo Krsticevic.

Según el Programa Somos Defensores, entre el 2010 y el primer semestre de 2019 se registraron al menos 3.434 amenazas contra personas defensoras de DDHH. Si bien hubo un descenso significativo en 2016, año de la firma del Acuerdo Final de Paz, entre 2018 y 2019 se presentó un incremento del 53 por ciento en las amenazas. Por otra parte, desde agosto de 2018, año en que asumió la presidencia Iván Duque, hasta junio de 2019 se registraron al menos 632 amenazas.

“Las amenazas se pueden entender como una modalidad extendida de agresión. Los métodos utilizados para llevar a cabo las amenazas son variados: desde llamadas telefónicas, avisos fúnebres, ramos de flores, notas en papel dejadas debajo de las puertas, mensajes de voz y de texto, amenazas directas, mensajes a través de terceros, entre otros”, precisó Diana Sánchez, de la Asociación Minga y el Programa Somos Defensores.

Más recientemente, al menos desde 2006, las personas afectadas identificaron los “panfletos” como una modalidad de amenazas. Estos textos escritos contienen lenguaje  agresivo y son dirigidos en contra de personas, colectivos u organizaciones mediante correos electrónicos, redes sociales, Whatsapp o enviados a casas y oficinas. En los últimos años, los más reconocidos distribuidores de estos panfletos serían las “Águilas Negras”, grupo cuya procedencia se mantiene como desconocida pero persisten en amedrentar el trabajo de líderes y lideresas sociales que trabajan en pro de la paz.

“En el contexto colombiano, las amenazas y otros ataques se han dirigido contra personas y colectivos que defienden el proceso de paz, luchan por la restitución de tierras y la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito. Muchos de ellos y ellas asimismo defienden el territorio frente a industrias extractivas y reclaman por los derechos de las víctimas”, indicó Carolina Solano, de la Comisión Colombiana de Juristas.

A pesar de su recurrencia y sus efectos, enfrentar las amenazas no se plantea como un eje fundamental en las políticas públicas u otras iniciativas desarrolladas por el Estado, que se supone deben impulsar garantías a líderes y lideresas sociales. El plan estratégico de la Fiscalía 2016-2020, por ejemplo, plantea la estrategia de “resolver las amenazas, homicidios y otras violaciones contra actores fundamentales para la transición a una paz estable y duradera”. Pero, hasta la fecha, no se realizan investigaciones diligentes o adecuadas de las amenazas en contra de personas defensoras; en años previos, el fiscal a cargo de investigar la emisión de panfletos carecía de recursos humanos y técnicos para ejecutar su trabajo de forma eficiente; tampoco existe una base de datos pública que permita conocer el número de expedientes activos en casos de amenaza y otras agresiones, entre otros puntos.

“La impunidad en caso de amenazas a personas defensoras es generalizada. La Fiscalía debe avanzar en investigaciones conexas, que tomen en cuenta el contexto y que la actividad investigativa no descanse en la persona amenazada”, señaló Jomary Ortegón, del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –Cajar-.

En 2017 se creó legalmente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en virtud del Acuerdo de Paz, para  diseñar y supervisar una política de desmantelamiento de grupos paramilitares y organizaciones criminales que atentan contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas de paz. Está encabezada por el presidente de la República e integrada por tres ministros, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía, el Fiscal General, el Procurador, el Defensor del Pueblo, una fiscal encargada de investigar estos delitos y cinco miembros de sociedad civil, y debe reunirse mensualmente. Sin embargo, desde que Duque asumió la presidencia únicamente ha sido convocada dos veces, en enero y en agosto de 2019. En cambio, el Gobierno creó en noviembre de 2018, mediante decreto ordinario, una comisión semejante, sin presencia de sociedad civil, para el desarrollo de lo que llamó el Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. Además, el PAO se concentra en el aspecto coercitivo, a través de la acción de las fuerzas militares y de policía, y deja de lado una comprensión integral del fenómeno de las amenazas, que tenga en cuenta los factores sociales, políticos y económicos a los que debe hacerse frente. 

“La labor de defender los derechos humanos en Colombia es de alto riesgo. Muchas defensoras y defensores realizan su trabajo en zonas apartadas en medio de la pobreza y la violencia. Es necesario reforzar su protección”, puntualizó Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Colombia quien participó en la audiencia. "La vida de una persona defensora no debe reducirse a un dato numérico; siempre que haya aunque sea un solo defensor asesinado, habremos fallado”.

Ante este panorama, Marco Romero, vocero de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-, llamó la atención sobre los anuncios de reducción de presupuesto de protección: “Frente al problema tan grave de agresiones, amenazas a líderes sociales ¿Por qué el Gobierno considera válido disminuir el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección en $92mil millones?”, preguntó. 

Por otra parte, Danilo Rueda, defensor de derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, señaló que la denuncia por parte de las y los defensores sobre las amenazas que reciben no puede ser la condición para avanzar en las investigaciones, teniendo en cuenta que muchas de estas personas están en zonas apartadas y con graves dificultades de orden público en regiones como El Naya o Buenaventura.

En consecuencia de todo lo expuesto, las organizaciones peticionarias exigieron que se convoque el mecanismo creado por el Acuerdo de Paz para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, de tal forma que aborde el problema y le dé una respuesta adecuada. Asimismo, se solicitó que el Estado publique la información relativa a las amenazas en contra de las personas defensoras de derechos humanos y los avances en sus investigaciones.

Ante la problemática expuesta por las organizaciones de la sociedad civil y las alarmantes cifras que demuestran la gravedad de la situación, el Estado colombiano no ofreció respuestas satisfactorias y, por el contrario, criticó que se dijera que las personas defensoras son víctimas de violaciones de derechos humanos en todo el territorio nacional.

La delegación estatal tampoco respondió al interrogante central del comisionado Francisco Eguiguren sobre quiénes son y quiénes están detrás de las llamadas “Águilas Negras”, principales autores de amenazas contra personas defensoras en Colombia y señaló que existe un grupo especial en la Fiscalía dedicado a esta investigación. Una respuesta inaudita después de más de 10 años de amenazas contra personas defensoras sin un solo resultado en las investigaciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró que la situación de las defensoras y defensores de Derechos Humanos en Colombia sigue siendo de la más alta prioridad para este organismo e hizo un llamado especial a las autoridades colombianas a adoptar las medidas necesarias para lograr una solución adecuada a este grave problema.   

Asociación Minga, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL-, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR-, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CEEUU-, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Reiniciar, Corporación Yira Castro, Fundación Nydia Erika Bautista, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Ruta Pacífica de las Mujeres, y SISMA Mujer.