Investigación

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Elementos que configuran patrones en la violencia contra los pueblos indígenas del norte del Cauca y sus organizaciones
Patrones: Asesinato de líderes, lideresas sociales y personas defensoras de DDHH Comunicado #02

Viernes 08 de noviembre de 2019

Desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, el departamento del Cauca ha ocupado de manera invariable el primer lugar en todos los registros que se vienen efectuando sobre la violencia contra personas defensoras[1]. Naciones Unidas afirma que en lo corrido del año 2019 hasta el 4 de noviembre han sido asesinadas 52 personas en territorio Nasa, en el norte del Cauca[2].

Las recientes agresiones contra personas líderes, lideresas y personas sociales en el departamento han encendido las alarmas en el país y la comunidad internacional, por la gravedad, magnitud y continuidad de las afectaciones sufridas por las comunidades indígenas y organizaciones campesinas. La violencia en su contra no es nueva, pero la intensidad y generalidad de los ataques evidencia la existencia de otros niveles de planeación y actuación criminal dirigida a neutralizar la acción colectiva de las comunidades y organizaciones indígenas del norte del Cauca en defensa de sus territorios.

Esta sucesión y continuidad en las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de autoridades tradicionales, guardias indígenas y demás líderes sociales, evidencia que esta violencia es selectiva y no aleatoria, que posee elementos que configuran patrones. El primero de ellos tiene que ver con las circunstancias en que se cometieron estos hechos. Algunos de ellos en cercanías de la vivienda de las víctimas o en su territorio, y otros en ataques con alto despliegue militar contra vehículos blindados asignados por la UNP a los líderes y lideresas indígenas; muestran que existían ejercicios de seguimiento, identificación e inteligencia a las víctimas. La multiplicidad de hechos dirigidos de manera particular y directa contra las mismas autoridades indígenas indica la existencia de planes organizados para eliminar físicamente a estas autoridades y defensores(as) de derechos humanos indígenas. Muchas de las amenazas de muerte dirigidas a las autoridades indígenas y la guardia indígena en los municipios de Corinto, Toribio y Suárez, en algunos casos con nombres propios, posteriormente se materializaron con atentados, asesinatos y masacres.

El segundo, está relacionado con la naturaleza y modus operandi de los victimarios. Llama la atención que han sido cometidos por grupos armados organizados con un alto poder militar, con capacidad de permear mediante la intimidación, la fuerza y la corrupción el contexto local, movilizando tropas, vehículos y armas largas. Esto implica un desafío de orden público de enormes dimensiones, frente al cual el presidente de la república, el anterior ministro de defensa y los mandos militares han respondido de manera irresponsable. Atribuir sin suficientes elementos de juicio la responsabilidad de estos hechos a estructuras armadas de las FARC-EP que se apartaron del proceso de paz, como la columna móvil Dagoberto Ramos y el Frente Carlos Patiño, ha sido una solución facilista, con un interés más mediático, que busca eludir la responsabilidad del sector defensa del Estado ante la existencia de aparatos armados de esa naturaleza en elnorte del Cauca. No se evidencia una estrategia militar clara de combate a estas estructuras armadas en respeto por los derechos humanos.

El asesinado del comunero indígena Flower Yain Trompeta Paví ocurrido el 28 de octubre en la vereda La Laguna, corregimiento Media Naranja, en Corinto, fue presentado por el Ejército Nacional y el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, como una baja en combate, señalando a Flower como integrante de la columna Dagoberto Ramos una presunta disidencia de las FARC-EP. Pero la comunidad de la vereda La Laguna, en Corinto, ha desvirtuado esta versión con pruebas detalladas, mostrando cómo los soldados de la Tarea de Fuerza Apolo retuvieron, torturaron y asesinaron al líder campesino[3]. Este hecho contiene el mismo modus operandi usado por la fuerza pública en los mal llamados “falsos positivos”, se trata de la comisión de una ejecución extrajudicial por parte de la fuerza pública presentada falsamente como una baja en combate, a través de una estrategia de encubrimiento y fabricación de hechos ficticios que involucra toda la cadena de mando militar hasta llegar al mismo ministro de defensa[4]. La acción coordinada de diferentes miembros del estamento militar frente a estos hechos demuestra la existencia de una planeación y coordinación institucional para la comisión de un hecho criminal.

El tercero tiene que ver con la dimensión organizativa y colectiva de las víctimas. En contra de las organizaciones y comunidades indígenas, especialmente del norte del Cauca se han presentado de manera constante diferentes hechos de violencia en los que se han combinado amenazas, atentados, homicidios, desapariciones forzadas, robos de información y violencia sexual, entre otras violaciones de derechos humanos. Dicho conjunto de hechos victimizantes configura patrones de persecución contra las comunidades indígenas del norte del Cauca organizadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- y la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca y otras organizaciones, por parte de diferentes actores armados.

El cuarto está relacionado con las correlaciones espaciales. La concentración espacial de estos hechos obedece a la existencia de intereses específicos por el control territorial, bien sea por la apropiación de las rentas y los recursos que poseen o por su ubicación estratégica, otro interés manifiesto y difundido mediante intimidaciones y amenazas es el control social y la vigilancia de la vida cotidiana, reflejada en los hechos violentos que han sucedido en las viviendas y territorios de las víctimas. Los municipios del norte del departamento son territorios con una profunda desigualdad social[5] y extremada concentración de tierra, asociada al monocultivo industrial de la caña y la ganadería[6]. Allí mismo, se encuentra uno de los epicentros más importantes del movimiento indígena, campesino y afrodescendiente; quienes desarrollan de manera intensa sus actividades de reivindicación de derechos colectivos y territoriales. En esta región nació la guardia indígena como una propuesta de defensa pacífica del territorio.

Los anteriores elementos configuran patrones en las agresiones contra las comunidades indígenas del norte del Cauca, y demuestran que se trata de una violencia selectiva con un factor diferencial étnico que posee motivaciones sociopolíticas, y que implica la planeación de los crímenes por parte de aparatos armados con amplia capacidad militar y de alianza con actores y poderes locales. Esto indica que hay planes en marcha para eliminar físicamente a las comunidades indígenas Nasa del norte del Cauca; es responsabilidad del Estado detener estos crímenes sistemáticos.

Bogotá, 7 de noviembre de 2019
Comisión Colombiana de Juristas

 Ver anexo con relación de hechos victimizantes contra publos indígenas en el Cauca. 

[1] Incluyendo a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el Programa Somos Defensores, INDEPAZ y los demás registros, tanto de entidades estatales como de organizaciones no gubernamentales.

[2] Durán Núñez, en Diana. “El Cauca está en llamas”, El Espectador, nov. 5/2019, pág. 2.

[3] Semana. Las versiones encontradas sobre la muerte de Flower Trompeta por parte de tropas del Ejército en Corinto. Octubre 31 de 2019. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/linea-de-tiempo-del-presunto-asesinato-de-flower-yain-trompeta-en-corinto/638458

[4] Rojas B., Benavides, F. (2017). Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002 – 2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios. Bogotá, Colombia: Ediciones USTA.

[5] Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y el DIH Sistema de Alertas Tempranas (SAT) (2018). Informe Especial: Economías Ilegales, Actores Armados y Nuevos Escenarios de Riesgo en el posacuerdo. Bogotá D.C, pág 97.

[6] Ibídem