Litigio penal

Por conflicto de competencias el caso de Claudia Monsalve y Ángel Quintero está bloqueado en la JEP, y en la justicia ordinaria continúa la impunidad

El 6 de octubre de 2000, sobre las 10:15 pm, Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, activistas y defensores de derechos humanos, miembros de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, ASFADDES, Seccional Medellín, fueron retenidos por hombres fuertemente armados en el cruce de la carrera Bolívar con la calle Amador en el centro de la ciudad de Medellín. Desde ese momento están desaparecidos.

Por su labor en la defensa de los derechos dumanos y la búsqueda de sus familiares desaparecidos Ángel José había recibido amenazas de muerte. La desaparición forzada de Ángel José y Claudia ocurrió en un contexto de persecución sistemática de agentes estatales contra organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales en Medellín.

En el marco de las investigaciones por su desaparición se descubrió que parte de los mecanismos de persecución de agentes de Estado fue la interceptación de líneas telefónicas a través de órdenes falsas expedidas por fiscales adscritos al Gaula Urbano de Medellín, descubriéndose con ello la más grande operación de interceptaciones ilegales por parte de esta unidad policial, actividad delictiva que se inició con el entonces general Mauricio Santoyo Velasco.

Santoyo Velasco, después de haber estado preso en Estados Unidos, fue deportado a Colombia el 29 de abril de 2019 e inmediatamente capturado por solicitud de la representación de las víctimas a la fiscalía 56 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos (DECVDH). La solicitud de imposición de medida de aseguramiento preventiva fue sustentada en las constantes negativas de Mauricio Santoyo a presentarse ante la justicia colombiana.

El 1º de octubre de 2019, el fiscal 56 de la DECVDH remitió por competencia la investigación penal a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien a su vez adoptó la decisión de declarar su competencia exclusiva, preferente y prevalente por la desaparición forzada de los dos defensores de derechos humanos y ordenó a la Fiscalía continuar la investigación hasta antes de la etapa de juicio.

Actualmente la Fiscalía 56 de la DECVDH remitió el caso a la Corte Constitucional por conflicto de competencias. Por otro lado, la JEP no ha tomado otras decisiones en el análisis de estos hechos, razón por la cual y ante la falta de avances procesales de fondo, el caso continúa en la impunidad.

Las víctimas piden a la Fiscalía General de la Nación que se efectúen las labores de búsqueda de Ángel y Claudia, ya que existen lugares referidos en donde posiblemente estén los cuerpos y la Fiscalía no ha efectuado ninguna actividad; también piden que continúen las investigaciones hasta la etapa de juicio de manera diligente y recaudando todos los elementos de prueba de manera pronta. Igualmente solicitan a la JEP la apertura del macro caso de defensores y defensoras de derechos humanos para que la investigación de estos hechos se centre en las labores y esfuerzos de Ángel y Claudia en la búsqueda de desaparecidos y la defensa de los derechos humanos.

Las familias de estos dos defensores de derechos humanos siguen en la incansable búsqueda de verdad y de justicia y son el vivo ejemplo de la lucha contra el olvido de los crímenes de Estado y la impunidad, reafirmando que la memoria de Ángel y Claudia perdurará hasta recibir respuestas por parte del Estado.

Comisión Colombiana de Juristas
Octubre de 2020