Litigio penal

La amenaza de repetición continúa después de 21 años de la Masacre de El Salado

Bogotá, 16 de febrero de 2021. Este mes se cumplen 21 años de la masacre de El Salado ocurrida en el año 2000. Sin embargo, las víctimas, en lugar de ser reparadas y recibir protección por parte del Estado, están siendo nuevamente intimidadas con amenazas que prometen repetir los hechos ocurridos.

Entre el 16 y el 20 de febrero del año 2000, en el corregimiento de El Salado, municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar), que en algún momento fue uno de los lugares más prósperos de los Montes de María por el auge de la producción de tabaco y la fertilidad de sus tierras para la producción de diversos alimentos, se perpetró una de las masacres más cruentas y representativas del conflicto armado colombiano.

Lastimosamente, no era la primera vez que los paramilitares atemorizaban y victimizaban a la población salaera. El 23 de marzo de 1997 un grupo de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU) ingresó al corregimiento con lista en mano, asesinando personas y ocasionando los primeros desplazamientos forzados en la zona. 

Tres años después, hubo una incursión paramilitar planeada por los jefes paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con la colaboración y el visto bueno de altos mandos de la Armada Nacional. Esta vez se tomaron el corregimiento.  Al parecer, buscaban a Gustavo Rueda Díaz, alias “Martín Caballero”, comandante de los Frentes 35 y 37 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), pues supuestamente tenían información de que residía en El Salado. 

Los paramilitares, una vez llegaron a El Salado, hurtaron las pertenencias de los pobladores, y destruyeron sus viviendas y las obras de infraestructura del pueblo. La comunidad fue obligada a aglomerarse en la cancha de microfútbol mientras presenciaba actos de violencia en contra de sus familiares, amigos y vecinas. Los hombres, tras ser seleccionados al azar, fueron víctimas de tratos crueles, tortura y asesinato en diversas modalidades. La dinámica consistió en obligarlos a numerarse, y a quien le hubiera correspondido el número que los victimarios elegían debía salir al frente para posteriormente ser asesinado, al son de varios instrumentos musicales, como si su muerte fuera una fiesta. Por su parte, las mujeres fueron víctimas de diversos actos de violencia sexual, luego de ser relacionadas como compañeras sentimentales de miembros de la guerrilla. De esta manera se gestó la segunda y mayor ola de desplazamiento forzado del corregimiento.

Desde entonces, la comunidad salaera se ha organizado alrededor de la resistencia, exigencia y reivindicación de sus derechos.  Las demandas de reparación integral a las que tiene derecho son históricas. Las indemnizaciones, que todavía no se han recibido a pesar del tiempo que ha transcurrido,  aún son esperadas por muchas familias.  Igual suerte han corrido las medidas en torno a la reparación colectiva de El Salado. La atención en salud, con la que ha sido enfática la Corte Constitucional mediante la sentencia T-045/10, no satisface los requerimientos de continuidad y cobertura de toda la comunidad y de la diáspora de salaeros y salaeras que no retornaron a su tierra. Las diligencias de búsqueda de quienes se encuentran todavía desaparecidos tras la masacre se desarrollan con una lentitud exagerada.  La verdad sobre lo sucedido no se conoce a plenitud.  Y la suerte sobre el futuro del máximo comandante de las AUC, Salvatore Mancuso, que puede brindar importantes insumos al respecto (luego del cumplimiento de su condena por narcotráfico en USA), sigue siendo incierta.

Como si no fueran ya demasiadas las deudas que se acumulan con la comunidad salaera, actualmente, en medio de la pandemia por el covid-19, ella está siendo blanco de la violencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial del corregimiento, mediante las amenazas y hostigamientos de algunos de sus líderes y lideresas. Esta situación ha traído consigo nuevos episodios de desplazamientos forzados de personas y familias que se rehúsan a vivir por tercera vez el horror del conflicto. La amenaza es inminente, pues hay presencia y asentamiento de las Autodefensas Gaitanistas cerca a la vereda El Espiritano, que se encuentra tan solo a seis kilómetros del corregimiento de El Salado.

Desde la Comisión Colombiana de Juristas hacemos un llamado para que la conmemoración de los 21 años de la masacre que sacudió a El Salado en el año 2000 no solo sirva para recordar las graves violaciones a los derechos humanos que fueron perpetradas, sino para exigir al Estado colombiano la reparación integral que merece la comunidad salaera, con miras a garantizar que hechos de tal magnitud nunca más vuelvan a repetirse.

Comisión Colombiana de Juristas