Incidencia Internacional

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas manifestó su preocupación por la ausencia de datos estadísticos fiables sobre este crimen en Colombia

19 de mayo de 2021. La semana pasada el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas dio a conocer el resultado del examen sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano respecto a la Convención Internacional de Protección Contra las Desapariciones Forzadas. Esta evaluación se llevó a cabo el pasado 19 y 20 de abril de este mismo año, en dos sesiones en las que la delegación del Estado, presidida por la vice Canciller Adriana Mejía, pudo sustentar su informe y responder preguntas de los miembros del Comité. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran las de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, presentaron informes alternos y sostuvieron una reunión con el Comité el día 16 de abril de 2021.

El balance del Comité fue negativo pues, aunque reconoció las acciones realizadas por Colombia, consideró que estaban lejos de ser suficientes para resolver la deuda histórica de nuestro país con el fenómeno de la desaparición forzada. Así las cosas, el Comité felicitó a Colombia por la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero lamentó que pese a la firma del Acuerdo de Paz la desaparición forzada persista en el país, incluso en el contexto de la pandemia por covid-19. Por ello consideró imprescindible adoptar pronto una política pública integral para prevenir las desapariciones forzadas.

En el documento observaciones y recomendaciones al país, el Comité manifestó su preocupación por los casos de personas detenidas a quienes se les impidió comunicarse con sus familiares y abogados, así como por la desactualización de los registros de personas privadas de la libertad. Esta recomendación guarda relación directa con hechos reportados recientemente en el marco del Paro Nacional, donde se han reportado numerosos abusos contra las personas detenidas y múltiples casos de desaparición forzada tras las detenciones. Por estas razones, el órgano urgió al Estado colombiano a adoptar las medidas necesarias, incluso legislativas, para garantizar a las personas detenidas el acceso a su representante legal desde el inicio, y comunicación inmediata con sus familias.

Por otro lado, una de las mayores preocupaciones del Comité es la ausencia de datos estadísticos claros y fiables sobre las personas desaparecidas, y por esto, tal como lo hizo en 2016, nuevamente recomendó a Colombia consolidar sin demora la información para poder conocer el universo de víctimas de desaparición forzada en el territorio nacional.

Asimismo, al Comité le preocupa la perpetuación de la impunidad por la falta de avances significativos por parte de la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- en la investigación de casos de desaparición forzada, así como por el alto número de casos inactivos y las escasas condenas, en particular contra altos mandos militares implicados en casos de este tipo. Por ello, le pidió a Colombia redoblar esfuerzos en esta materia, y especificó la importancia de investigar de manera rápida, exhaustiva e imparcial las desapariciones de niños, niñas y adolescentes reclutados forzadamente y de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, así como las desapariciones transfronterizas y las ocurridas en las cárceles y en las “casas de pique”. Además, el Comité instó al Estado a legislar para asegurarse de que no se permita el ascenso de miembros de la fuerza pública que tengan investigaciones en curso, o condenas, por desapariciones forzadas o por cualquier otra violación a los derechos humanos.

Entre otras de las recomendaciones que el Comité le hizo al Estado colombiano se destacan las siguientes:

• En materia de prevención, se recomendó activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente siempre que se tenga noticia de una desaparición, iniciar la búsqueda de oficio e inmediatamente, y continuar las investigaciones por estos hechos hasta esclarecerlos e identificar a los autores.

• Implementar de forma inmediata los planes de búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desparecidas -UBPD-, y profundizar la coordinación interinstitucional entre las entidades creadas por el Acuerdo de Paz y otras como la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de personas Desaparecidas -CBPD-, para mejorar los resultados en la búsqueda de quienes se encuentran desaparecidos.

• Intensificar los esfuerzos para identificar los más de 24.000 cuerpos inhumados no identificados que se encuentran en cementerios públicos, los más de 4.000 cuerpos de víctimas de desaparición forzada exhumados que faltan por identificar, y para restituir los restos a sus familias en condiciones dignas.

• Asegurarse de que todas las autoridades competentes protejan las zonas donde se estén realizando exhumaciones u otras diligencias forenses, así como cementerios y otros lugares donde se encuentren cuerpos de personas no identificadas. En ese sentido, el Comité le pidió específicamente a la Fiscalía garantizar que una vez se reciba información sobre posibles restos de una persona desaparecida, actúe de inmediato para protegerlos aun cuando estos hayan sido localizados sin la intervención de agentes del Estado.

En sus observaciones, el Comité saludó la contribución de la sociedad civil y de las víctimas en la lucha contra la desaparición forzada en Colombia, y resaltó la importancia de garantizar la participación de los familiares de las personas desaparecidas en todas las etapas del proceso de búsqueda. También instó a garantizar un amplio sistema de reparación integral para todas las víctimas, incluso aquellas de desapariciones forzadas ocurridas por fuera del conflicto armado, aun cuando no se haya iniciado un procedimiento penal en su caso.

Finalmente, el Comité también señaló la urgencia de prevenir los asesinatos, amenazas y represalias contra las personas defensoras de derechos humanos, de pueblos indígenas y afrodescendientes, víctimas de desaparición forzada y familiares (incluyendo a comparecientes de la JEP), y destacó los altos niveles de impunidad en estos casos.

Esperamos que con este fuerte llamado de atención, Colombia decida dar pasos firmes en la prevención de la desaparición forzada, cuyas cifras aumentan cada día desde hace dos años; ojalá el Estado cambie de opinión y decida aceptar la competencia del Comité para investigar casos individuales; y garantice los recursos humanos, técnicos y financieros para poder avanzar en la búsqueda de los cientos de miles de personas que continúan desaparecidas en nuestro país.

Comisión Colombiana de Juristas