Litigio internacional y contencioso administrativo

La CIDH realizó una audiencia sobre el caso de cuatro personas desaparecidas en San Onofre

Bogotá, 14 de marzo de 2022. El 27 de mayo de 2001, Jorge Luis de la Rosa Mejía y Fabio Luis Coley Coronado, investigadores judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, fueron desaparecidos forzadamente mientras llevaban a cabo una encomienda laboral, en el municipio San Onofre (Sucre).  Ambos fueron vistos por última vez en el corregimiento Rincón del Mar. Sadith Elena Mendoza y Aida Cecilia Padilla, quienes los acompañaban en el momento de los hechos, también fueron desaparecidas.

Después de 21 años de inoperancia estatal, de la desidia investigativa y del olvido al que han sido condenados los hechos violentos que llevaron a la desaparición de Jorge, Fabio, Aida y Sadith, el lunes 14 de marzo se llevó a cabo una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí se presentaron los alegatos finales, previos a la expedición del informe de fondo.

La audiencia, que estuvo presidida por las y los comisionados, contó con la participación de la hija de Jorge Luis y con la hermana de Fabio, quienes narraron los hechos, la impunidad que ha envuelto el caso y las afectaciones que ellas y cada una de sus familias actualmente padecen como consecuencia del asesinato de sus seres queridos. También estuvieron presentes las y los abogados representantes de las víctimas de este caso.

Durante su alegato, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) expuso que el Estado es responsable de incumplir sus obligaciones internacionales en relación con la protección y garantía de los derechos a la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, circulación y residencia y protección judicial, así como de la tortura y desaparición forzada de los investigadores del CTI y de las dos mujeres que les acompañaban. Además, solicitaron a la CIDH que ordene a Colombia cumplir con sus obligaciones de investigación, búsqueda y ubicación de las personas desaparecidas.

Deseosos de la verdad, justicia y de la reparación que ha negado el Estado por más de dos décadas a las familias Coley, de la Rosa, Padilla y Mendoza, este es un escaño más que se surtió ante el Sistema Interamericano, cuyo fin inmediato es la expedición del informe de fondo, en el cual se espera que la Comisión declare la responsabilidad internacional del Estado; y cuyo fin último para las víctimas es que en estos hechos no siga reinando la impunidad que por tanto tiempo ha auspiciado el Estado, y por fin obtengan la reparación que merecen por el daño causado.

Contexto del caso:

Cuando ocurrieron los hechos, en San Onofre operaba el bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por Edward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”. Esta estructura paramilitar estaba compuesta por tres frentes; uno de ellos era el de "Golfo de Morrosquillo", liderado por Rodrigo Antonio Mercado, alias “Cadena”.

Según testimonios recogidos en el expediente del proceso penal, alias “Cadena” habría dado la orden de desaparecer a los investigadores y Enrique Banquez Martínez, alias “Juancho Dique”, comandante de otro de los frentes del bloque Héroes de los Montes de María, habría supervisado el cumplimiento de dicha orden.

De acuerdo con los registros de los procesos judiciales, los asesinatos de Coley, de La Rosa, Mendoza y Padilla habrían ocurrido en una finca conocida como El Palmar, que era utilizada por el bloque Héroes de los Montes de María como principal centro de operaciones. Este lugar es una hacienda ganadera de más de 2.500 hectáreas, ubicada en la sabana del departamento Sucre, a 20 minutos del municipio San Onofre, por una carretera destapada en la vía que conduce a Rincón del Mar.

Previo a su desaparición, el señor Fabio Luis fue víctima de múltiples amenazas por parte de grupos paramilitares al mando de Hernán Giraldo; incluso, el 20 de noviembre de 1998, en el corregimiento Algarrobo, en el municipio Fundación (Magdalena), fue secuestrado junto con otro investigador del CTI por integrantes de las AUC, quienes los mantuvieron en su poder por seis días. Para ese entonces, Coley estaba desarrollando una misión de trabajo para dar cumplimiento a una orden de captura de un político de la región.

Durante su pertenencia a la Dirección del CTI de Santa Marta, los señores De La Rosa y Coley Coronado hicieron labores de inteligencia contra el grupo “Los Chamizos”, logrando la captura de algunos de sus integrantes. Debido a esto, el 29 de junio de 1993, el paramilitar Hernán Giraldo los amenazó y declaró objetivo militar. Un día después de la amenaza, lanzaron una granada a la casa de la mamá de Jorge Luis, lo que los obligó a salir de la ciudad.

Comisión Colombiana de Juristas